Tras una denuncia presentada por una entidad empresarial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que se encuentra bajo la orbita del Ministerio de Economía pero depende del secretario de Comercio Interior –Guillermo Moreno-, abrió un sumario e investigará a la petrolera.
La acción legal fue motivada por una supuesta posición dominante en el mercado local de combustibles por parte de YPF. Si bien la empresa rechaza todas las imputaciones, la demanda, presentada el 11 de septiembre de 2009 por la Federación de Entidades de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires (Fecoba), será investigada.
En una resolución de 29 páginas emitida por la CNDC se ordena la apertura de sumario para determinar el comportamiento de la petrolera y la integración vertical de sus operaciones (YPF participa tanto de la exploración, como de la explotación, producción y comercialización).
La denuncia afirma que la empresa de combustibles habría violado la Ley 26.156 de Defensa de la Competencia. Así, Fecoba argumenta que YPF “detentaría posición dominante y estaría abusando de dicha posición”.
Además, el escrito de la entidad afirma que “por cuanto la explotación del negocio de los hidrocarburos estaría organizada por medio de la integración vertical; practicaría una alineación vertical de los precios de los combustibles; incurriría en discriminación arbitraria de precios de venta y llevaría a cabo una política de precios predatorios y de desabastecimiento de combustibles”.
Por su parte, YPF rechazó todos los cargos y los argumentos de Fecoba. Además, afirmó que luego de la aprobación por parte del Estado de un plan de transformación global, llevó a cabo una gran reducción de su dimensión y participación en los mercados a través de la venta de activos y asociaciones.
Asimismo, los abogados de la petrolera sostienen que “sería una contradicción jurídica y económica imputarle abuso de posición dominante a la compañía que cobra los menores precios y que incrementó la oferta de combustible”.
Respecto al motivo de la denuncia no tardaron en argumentar que lo realizado por la empresa no constituye un acto ilícito y afirmaron que está lejos de afectar a la competencia ya que sus acciones generan ganancias de eficiencia y reducen costos de transacción, lo cual mejora la economía general.
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