En el Congreso Nacional el diputado Héctor Recalde presentó un proyecto de ley con el fin de regular los anuncios clasificados, contemplando la iniciativa la eliminación de las ofertas de empleo de requisitos que considera discriminatorios, considerando que implican “una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en determinados pretextos, como la Erinia, el género, la orientación sexual o identidad de género, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole”.
La iniciativa que fue girada a las comisiones de Legislación del Trabajo y Derechos Humanos cuenta con el apoyo del INADI, establece que las ofertas de trabajo no podrán incorporar en los avisos requisitos que sean tildados de discriminatorios, o que impliquen una anulación o alteración en la igualdad de oportunidades o de trato.
La iniciativa se basa en el Acta de Discriminación en el Empleo (ADEA), que se aplica en Estados Unidos hace 30 años, prohibiendo la utilización de la edad para tomar decisiones de contratación, despido o promoción de empleados, impidiendo clasificar a los postulantes de tal manera que se les quiten oportunidades a algunos de ellos
La iniciativa presentada por Recalde contempla entre sus principales aspectos que la redacción de los avisos debe utilizarse en un lenguaje neutral o de género, a la vez que establece que en aquellos casos en que por las particularidades propias del lenguaje la convocatoria pueda prestarse a confusión, se deberá indicar que la misma se encuentra dirigida a ambos sexos.
A su vez, el proyecto establece que en los formularios de solicitud de empleos deberán eliminarse los campos en los que se pregunte sobre nacionalidad, edad, sexo, estado civil, estatus familiar, enfermedades, domicilio, así como cualquier otra pregunta que no esté objetivamente relacionada con el trabajo que se ofrece.
Por otro lado, deberán eliminarse las referencias de “buena presencia”, a la vez que se deberán deshabilitar las opciones que permitan al aspirante enviar su foto a través de Internet, no pudiéndose incluir tampoco referencias como “joven proactivo” o “persona madura”, debido a que sugieren que el aviso se dirige a un determinado grupo.
En caso de incurrir en alguna de las mencionadas conductas, la iniciativa contempla la aplicación de multas que van desde los quinientos hasta los cinco mil pesos, para los diferentes actores involucrados y por cada una de las publicaciones en falta.
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