Es la consecuencia de fallos sancionados tanto en provincias como en municipios. Son alrededor de 1,3 millón sobre un total de 2 millones que califican para el tarifazo gasífero. En el Congreso, por ahora el oficialismo frenó la derogación del tarifazo de gas. Pero en la Justicia viene perdiendo tanto que, a esta altura, ya hay más usuarios que tienen permitido no pagar el Cargo Gas (gracias a distintos fallos judiciales), que aquellos que finalmente terminarán abonándolo (aunque lo hagan bajo protesto). En el Ministerio de Planificación dicen que los hogares alcanzados por el aumento son 1,2 millones, pero la asociación civil Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) calcula algo más de 2 millones. De estos 2.050.918 de usuarios residenciales, “alrededor de 1,3 millón están protegidos por amparos judiciales que le permiten pagar sólo el componente tarifario del consumo”, explicó Pedro Bussetti, titular de Deuco. Se refería a los distintos fallos judiciales de alcance provincial, que incluyen desde la provincia originaria del matrimonio Kirchner, Santa Cruz, hasta San Luis, La Pampa, Neuquén (se produjo un fallo anteayer), Chubut, Río Negro o Tucumán, entre otros. Además hay que sumar las medidas cautelares sancionados con alcance municipal, pero de distritos con mucha población. Como Avellaneda, Mar del Plata, Pilar o Escobar. En estos casos, como en el las provincias, la Justicia tomó en cuenta que a muchos usuarios les resulta imposible pagar el aumento. “Los que no puedan abonar sus facturas serán cientos de miles”, apuntó Anselmo Sella, defensor del Pueblo de la Nación. “Estamos recibiendo –agregó– quejas de personas que no entran en el régimen de excepciones dispuesto improvisadamente por el Enargas y que, en consecuencia, tendrán que prescindir del servicio”. Ayer Sella recibió al director de Defensa del Consumidor de la Gobernación Scioli (ver columna), quien se hizo presente junto a un intendente del Frente para la Victoria (FPV) y representantes de 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. Sella, en diálogo con El Cronista, apuntó que “la situación es más grave de lo que el oficialismo dice. Mucha gente no puede pagar las facturas que le llegaron. Algunos piden hacerlo en cuotas, pero esto es sólo una solución transitoria”. –¿Por qué usted le recomendó pagar toda la factura aún a los usuarios que en sus provincias o municipios tienen suspendido el Cargo Gas? –Porque sino le van a cortar el gas; con lo cual afrontarían además un costo de reconexión y perjuicios en su calidad de vida. El que no puede pagar que no lo haga, pero no podemos recomendar eso como actitud masiva. El que puede, que pague bajo protesto. –Además de las medidas cautelares, ¿habrá algún fallo de fondo que declare inconstitucional al Cargo Gas? –Es muy probable. Hasta ahora todos los jueces solucionaron el tema urgente, dictaminando que el impuestazo está suspendido. Pero esperamos una segunda decisión de alguno de ellos que luego será replicada, declarando que este aumento es en realidad un impuesto, y como tal inconstitucional porque debería haber sido sancionado por el Congreso. El fallo que más esperamos es el de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Deberá expedirse sobre una acción judicial en la que solicitamos la declaración de ilegitimidad y la nulidad del cargo tarifario. Por otra parte, diputados opositores consensuaron ayer un proyecto único para plantear en la Cámara Baja la semana próxima, con el objetivo de derogar el decreto 2.067/2008. El mendocino Enrique Thomas (Unión Peronista) precisó “decidimos unificar 17 iniciativas para llevar al recinto sobre tablas”, en una reunión informal de la que participaron diputados del PRO, peronismo disidente, radicalismo, Coalición Cívica y socialismo. Fuente: Cronista.com