Tras el fallo favorable que obtuvo British Gas (BG) por US$ 185 millones, empresa que controlaba a Metrogas, por 7 a 2 en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el país podría experimentar otro embargo en el país americano.
La resolución del Máximo Tribunal sobre el caso que surgió de la pesificación de las tarifas de los servicios públicos en la crisis de 2002 se dio a conocer en marzo pasado. Ahora el Ejecutivo intenta postergar el pago basándose en el concepto de manifest disregard, o "desconocimiento manifiesto" del estado de necesidad en el cual la Argentina adoptó la mencionada pesificación.
Para la compañía extranjera, esto violaba la letra del convenio de protección bilateral de inversiones firmado con el Reino Unido. Cabe recordar que el estado de necesidad libera a los gobiernos de cierta responsabilidad ante medidas en circunstancias extraordinarias.
Un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones de Washington rechazaron este planteo argentino, por lo cual el fallo quedó firme y será nuevamente la Corte Suprema quien la que decida si acepta o no el pedido de revisión.
Ya en 2007, BG había obtenido un laudo favorable en el tribunal arbitral de las Naciones Unidas y para ejecutarlo decidió recurrir a la justicia federal norteamericana que le dio la razón en la causa.
A pesar de la presentación de 395 páginas del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton -que defiende al país en el exterior-, será complicado que el Máximo Tribunal acepte el pedido de revisión teniendo en cuenta los recientes antecedentes.
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