No es novedad que el 2020 ha sido un año de grandes cambios. Obviamente, en primer lugar por la pandemia del COVID 19 que afecta al mundo entero y en segundo lugar, por el cambio de Gobierno que se dio en marzo pasado a nivel local. La Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo no ha sido ajeno a verse afectado por estas dos circunstancias.

El GAFILAT emitió recientemente un documento de actualización  sobre Amenazas en PLAFT en América Latina y el Caribe e incluyó un capitulo sobre las amenazas detectadas cuyo origen está en la  Pandemia que vive el mundo. Algunas de ellas son: aumento en fraudes financieros,  estafas en el tráfico de medicamentos falsificados y mayor oferta de inversiones fraudulentas del tipo «ponzi» aprovechando la situación de incertidumbre económica causados por el COVID. Ante el confinamiento de miles de personas por causas sanitarias, que lleva al mayor uso de medios digitales para las operaciones financieras o compra de productos, aumento de ciber-delitos como ser el phising, vishing o smishing. Aumento de reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales ante la falta de empleo formal y las necesidades económicas de la población. Ante el repunte de economía informal , más movimientos de cantidades de efectivo. Aumento del mal uso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro derivado del papel y carácter humanitario que juegan muchas de ellas.

A nivel local, el cambio de Gobierno trajo cambios legislativos a través de la LUC a la Ley Integral «antilavado». A nivel del sector financiero, la eliminación de las empresas de Seguros Generales como Sujetos Obligados. A nivel del sector no financiero, la flexibilización y cambios en la debida diligencia que permite que los Sujetos Obligados una vez hecho el análisis de riesgo, puedan aplicar debida diligencia simplificada si la operación analizada se hiciera vía el sistema financiero. Si por el contrario la misma se hiciera en efectivo deberá aplicarse debida diligencia intensificada (solo para el caso de operaciones inmobiliarias) . Dado que la LUC subió el umbral de dicha modalidad a usd 100 mil en la ley de inclusión financiera, habrá más casos de operaciones con ese medio de pago.

También como producto del cambio de Gobierno , hubo modificaciones en la SENACLAFT, con la asunción de nuevo Secretario Nacional, el Dr Jorge Chediak, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Chediak ha manifestado su intención de que el Organismo tenga más presencia de abogados que de contadores , como era en el periodo anterior. También en notas de prensa ha señalado que pretende que la Senaclaft realice  fiscalizaciones con perfil más docente y menos «represivas» y que tome al Sujeto Obligado como Colaborador y no tanto como «obligado» valga la redundancia.

A pesar de ello, si estas consideraciones podrían llevar a considerar que la Senaclaft de alguna forma sería menos estricta que en el periodo anterior, el lanzamiento de las Guías para los Sujetos Obligados de Zonas Francas no muestran eso . Las mismas pretenden ser un check list muy detallado de la información y documentación que los sujetos «colaboradores» deberán recabar y obtener de sus clientes. En las mismas llama la atención que se solicita  la obtención de información detallada de los montos , fechas y tipo de operación que realicen los clientes , indicando si los mismos son en efectivo o vía medios de pago electrónicos. Dicha información es más específica y detallada que la que se solicita en el decreto 379/18 que regula la debida diligencia a aplicar por Sujetos Obligados No Financieros, aunque está en línea con las modificaciones que la LUC realizó a la Ley Integral de PFLAT. Tal vez sea un adelanto de cambios que puedan venir próximamente en el Decreto Reglamentario de la LUC.

Por último, la Senaclaft anunció también fiscalizaciones a Zonas Francas en 2020 y para el año que viene a Organizaciones sin Fines de Lucro, en particular, los Clubes de Fútbol.

Por Diego Buela