Como ya he sostenido en distintos foros, criticar la actuación de la Justicia es fácil y se ha convertido en un deporte nacional. Lo difícil es involucrarse y trabajar para su mejoramiento, lo que debe ser un compromiso de toda la sociedad, desde el lugar que nos toca actuar.

La ciudadanía tiene una imagen negativa del Poder Judicial. Las encuestas realizadas por importantes consultoras ubican a la Justicia en el peor lugar entre las instituciones y organizaciones públicas, detrás de los partidos políticos, del Poder Legislativo, de la Iglesia, de los Sindicatos y de los Gobiernos en general. Los sondeos efectuados mostraron que su cuestionamiento alcanza a 3 de cada 4 encuestados, y los principales problemas señalados son la intromisión del poder político y la corrupción existente entre sus miembros. Los aspectos a mejorar son la honestidad y la idoneidad de los jueces para interpretar y aplicar el derecho en tiempos razonables, fundamentales para la recuperación de su imagen.

Los abogados, como auxiliares de la Justicia, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad  y debemos colaborar en la transparencia y agilidad de los procesos judiciales en los que nos toca intervenir.

No todo lo que se hace desde las Universidades que preparan y capacitan a los futuros profesionales y desde los Colegios de Abogados está mal, pero debemos levantar la vara de la excelencia.

A esos fines creo que debemos analizar cuatro aspectos o vectores que mejorarán nuestro desempeño para una justicia más ágil, transparente y al servicio de toda la comunidad y no sólo de algunos sectores más influyentes.

1. Habilitación profesional.

Las Universidades públicas y privadas deben incluir exámenes de habilitación profesional para aquellos estudiantes que han terminado sus estudios de grado. Las estadísticas de quienes aprueben  y quienes reprueban estos exámenes, obligará a las casas de estudios a involucrarse más en la preparación y capacitación de los futuros abogados, ya que el porcentaje de exámenes aprobados significará un mayor prestigio  para esa Institución.

En los países más desarrollados se exige una capacitación continua para mantener la posibilidad de ejercer la profesión e incluso en muchos lugares se exige un seguro de responsabilidad civil por mala praxis. Ello hace que las Universidades se esfuercen por aumentar su nivel académico y no faciliten la obtención de un título profesional.

El nivel y el control tienden a la eficiencia y no a la laxitud.

2. Matrícula profesional y su renovación periódica.

Los Colegios de Abogados deben cuidar los derechos de sus matriculados pero no comportarse como sindicatos que velan por intereses sectoriales sino como verdaderos entes de Derecho Público que ejercen una competencia delegada por el Estado.

Un mejor control de la matrícula tanto respecto de la formación profesional como de la disciplina de sus miembros, va a servir para una mayor protección de los ciudadanos, quienes en definitiva son los destinatarios del servicio de justicia.

No se concibe que debamos rendir examen para manejar un automóvil y renovarlo en forma periódica por un lado y por el otro, que exista un régimen de habilitación profesional automática por el mero hecho de haber obtenido un grado académico. La matrícula profesional se obtiene en los Colegios de Abogados a cambio de un trámite burocrático, sin ningún tipo de renovación o actualización periódica.

Aún hoy muchos colegas no conocen el nuevo Código Civil y Comercial sancionado hace tres años. Además la matrícula habilita para cualquier tarea profesional y cualquiera sea la instancia o Tribunal. Tampoco existe diferencia en patrocinar un juicio ejecutivo o un cobro de alquileres en un Juzgado de menor cuantía que un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si queremos abogados idóneos para temas actuales o más complejos, los Colegios Profesionales además de preocuparse en cobrar la matrícula, deben promover exámenes de habilitación y renovación profesional.

3. Estricto y público control disciplinario.

La matriculación debe complementarse con el control del ejercicio profesional. Los Colegios de Abogados vigilan la disciplina entre los profesionales y ésa no debe ser realizada solamente desde un marco ético sino también de controlar y sancionar los actos que pueden perjudicar a quienes nos han encomendado la defensa de sus intereses y en definitiva al mejor funcionamiento de todo el sistema procesal. Además todas las sanciones deben ser públicas y quienes recurren a un profesional del Derecho deben saber  si ha tenido condenas disciplinarias, y cuál fue su origen. En la Capital Federal hoy solo se publican las suspensiones y expulsiones de la matrícula que son infrecuentes.

4. Colaboración en la digitalización de los expedientes.

Los abogados somos por naturaleza reticentes a los cambios, aunque por supuesto siempre hay excepciones.

Por ello, debemos involucrarnos en los avances tecnológicos, como por ejemplo la digitalización de los expedientes. No es necesario mirar a los Estados Unidos o a los países más desarrollados. En la región, Chile ha sido un pionero en la materia y México  o Uruguay también son ejemplos y espejos interesantes donde los abogados argentinos podemos mirarnos.

En nuestro país, a pesar de los avances que han existido en el último tiempo, aún reina el papel y cuando uno camina por Tribunales, debe sortear pilas de expedientes para llegar a los distintos juzgados y las búsquedas en los archivos también son tareas insolubles. En los procesos penales aún cuando existen Tribunales Orales, las causas  se apilan del piso al techo de los edificios