La foto es de 1996. Fue tomada durante la visita de una delegación de la OMPI a Buenos Aires, para acompañar la inauguración formal del INPI y abrir, entre otras, una conversación sobre la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Mi padre, Fernando Noetinger, estuvo en esa reunión junto a otros colegas, expertos y referentes de la profesión.

Argentina firmó el acta fundacional del PCT en Washington en 1970. El Senado lo aprobó en 1998. Y desde entonces, el proyecto durmió en la Cámara de Diputados.

Hasta ahora.

El martes 12 de mayo, las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria emitieron dictamen de mayoría. El proyecto está en condiciones de ser tratado en el recinto, y el oficialismo buscaría llevarlo a la sesión del 20 de mayo.

Hay una salvedad importante: el dictamen incorpora una reserva sobre el Capítulo II, reclamada por laboratorios locales. Si Diputados lo aprueba con ese cambio, el texto deberá volver al Senado para su sanción definitiva. No es el final del camino, pero probablemente sea el avance más concreto en décadas.

El punto central es este:

El PCT no concede patentes internacionales ni reemplaza el análisis de cada oficina nacional. Tampoco obliga a Argentina a otorgar patentes ni modifica los criterios de patentabilidad vigentes en el país. Cada Estado conserva su facultad de examinar, conceder o rechazar solicitudes conforme a su propia legislación.

Dicho de otro modo: la adhesión al PCT no requiere modificar la Ley de Patentes, no extiende los plazos de exclusividad y no desplaza el examen local. Lo que cambia es el procedimiento internacional disponible para planificar una estrategia de protección fuera del país.

Y, en la práctica, le da al inventor algo muy concreto: tiempo.

Donde el Convenio de París impone 12 meses para presentarse en cada país de interés, el PCT extiende ese margen a 30. Una sola solicitud internacional, un informe temprano sobre la viabilidad de la patente, y un año y medio extra para conseguir financiamiento o validar el modelo de negocio antes de decidir dónde proteger la invención.

Para un emprendedor, una startup tecnológica, una pyme o un investigador del CONICET, eso puede marcar la diferencia entre proyectarse al mundo o quedarse en el intento.

Hoy, un emprendedor brasileño, chileno o colombiano, todos países miembros del PCT, puede hacer exactamente eso. El argentino, no.

Para quienes asesoramos en propiedad intelectual, esto no es menor. La eventual adhesión al PCT modificaría la forma en que se planifican las estrategias internacionales de protección para invenciones originadas en Argentina. No elimina la necesidad de definir países, presupuestos, prioridad, alcance de reivindicaciones o conveniencia comercial de cada presentación. Al contrario: vuelve más relevante ese análisis, porque permite hacerlo con más tiempo y con mejor información.

La decisión de entrar o no en fase nacional seguirá siendo estratégica. Pero ya no tendría que adoptarse, necesariamente, bajo la presión financiera y temporal que impone el plazo de 12 meses del Convenio de París.

También cambiaría la conversación con empresas, áreas legales internas, universidades y centros de investigación locales. Muchas veces, la decisión sobre dónde proteger una invención debe tomarse antes de contar con financiamiento, validación comercial o una estrategia clara de expansión internacional. El PCT no resuelve esos problemas, pero mejora las condiciones para abordarlos.

El punto de fondo es simple: el PCT no sustituye la estrategia legal. La vuelve más importante.

Por eso, creo que la discusión no debería reducirse a una pulseada entre laboratorios locales y extranjeros, ni a una idea abstracta de soberanía. Argentina mantiene su capacidad de decidir qué se patenta y qué no. Lo que está en juego es si el inventor argentino va a tener acceso a una herramienta que más de 150 países ya utilizan para planificar la protección internacional de sus invenciones.

Treinta años es demasiado tiempo para que una oportunidad siga siendo solo eso.

Argentina sigue esperando, pero, por primera vez en mucho tiempo, con chances reales de dejar de hacerlo.