Desde una perspectiva laboral la llegada del coronavirus desnudó las implicancias derivadas de convivir con falencias y debilidades dentro de en un mercado laboral donde prevalecen tantas asignaturas pendientes.

La más explícita se desprende de la dualidad y segmentación entre trabajadores formales e informales, primer desafío que nos interpela como sociedad, en especial cuando la única forma eficaz de combatir una pandemia es atacando la circulación viral y ello golpea de lleno a quienes son cuentapropistas y/o sus ingresos se vinculan en forma directa con el libre acceso a los espacios públicos y el consumidor.

Aún si se pudiera dejar de lado esta primera asignatura, no exenta de frustración por la vulnerabilidad que se desprende de su falta de resolución, nos vamos al sector formal y Argentina viene dando muestras estadísticas que un empleo registrado ni siquiera es un salvoconducto para salir de la pobreza estructural con la que se convive, casi con adormecimiento o indolencia, hasta que aparece un desafío de la magnitud que plantea el COVID-19.

Analizado el sector formal o estructurado del mercado de trabajo, al interior aparecen profundas diferencias entre el dinamismo de algunas “islas de modernidad” donde la digitalización y la tecnología trazan un sendero virtuoso hacia la revolución industrial 4.0., casi sin escalas o con estaciones  que lo ralentizan, a modo de vía crucis y como consecuencia del escaso nivel de inversión, falta de crecimiento e incertidumbre sobre el rumbo futuro de la Argentina.

Como ejemplo, no se cuenta con una legislación que regule y/o propicie el teletrabajo, trabajo remoto o home office, no existe una conectividad homogénea que llegue a todas las latitudes del territorio nacional, provocando así brechas de productividad e incluso educativas, las que en estas instancias de receso escolar y Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –ASPO-, obligó al Gobierno Nacional a acudir a la invocación de los principios generales del derecho del trabajo –buena fe contractual colaboración, solidaridad- para responder con rapidez al desafío epidemiológico.

Incluso la Administración Nacional se anticipó y contempló en la Resolución N° 219/20 del viernes 20 de marzo que quienes trabajen durante el ASPO a distancia y desde donde residan, percibirán su remuneración habitual, en cambio los que no presten labor alguna durante el aislamiento recibirán sus ingresos habituales por esos días como “no remunerativos” , es decir, sin que el empleador deba ingresar aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, salvo el subsistema de salud y PAMI.

Con posterioridad y en esta suerte de marco normativo de crisis, concebido a un ritmo vertiginoso, esta Resolución se dejó sin efecto y fue reemplazada por la Resolución MTEySS N° 279/20, inicialmente orientada entre otros aspectos a definir como liquidar los salarios durante el aislamiento y para aquellos sectores no esenciales y con su dotación de personal confinada.

Lo cierto es que las actividades esenciales e ininterrumpibles también cuentan con un porcentaje de su dotación que por integrar grupos de riesgo o premorbidad y/o por cuidar hijos menores escolarizados, tampoco están a disposición del empleador, con lo cual el primer interrogante que deberíamos formularnos es si cabe que perciban la misma remuneración que aquellos que deben acudir al empleo de modo presencial o incluso a distancia. 

La irrupción de esta pandemia y sus efectos inmediatos sobre una comunidad laboral que casi no tuvo tiempo para metabolizar el impacto del aislamiento, puso en evidencia la necesaria flexibilidad y adaptación con la que se debió responder a semejante desafío, dos términos que fueron casi exorcizados del debate serio y profesional que impone todo proceso de adecuación y modernización del marco legal laboral como el pendiente en la Argentina, más que en otros países de la región.

Sin embargo esta crisis extrema nos muestra que continuar ignorando estas asignaturas pendientes contribuye a desproteger, a no estimular la generación de empleo e incluso acelerar la tasa de destrucción del mismo y eso muestran las estadísticas, no se trata de posturas ideológicas. Justamente en aquellos sectores donde se ha puesto en evidencia una mayor rigidez y ausencia de plasticidad para adaptarse al cambio de escenario, es donde se padecen más las consecuencias y lamentablemente hay innumerables ejemplos donde representantes sindicales, en el engaño de creer que la negociación y celebración de acuerdos de crisis les hará soportar un costo político de relevancia, no visualizan que la inacción los llevará a asumir un costo aún mayor.

Por suerte no son los casos preponderantes, ya que se ha visto un realismo y madurez elocuentes en aquellos sindicatos y empleadores, que si cuentan con la ayuda y acompañamiento del Estado a través de sus tres dimensiones –Gobierno, Congreso y Justicia-, podrán aprovechar la cohesión social que este fenómeno imprevisto, de escala global y consecuencias inesperadas para las economías genera, para reconfigurar el orden de las prioridades en la agenda pública, en particular la dimensión laboral, la que viene rezagada como consecuencia de discusiones mezquinas derivadas de la defensa de un orden que ya no existe.

De este modo la irrupción del teletrabajo y su necesaria regulación legislativa sigue siendo una asignatura pendiente; la libertad de ubicar la negociación colectiva en el nivel que sindicatos y empleadores definan, es otra de las notas que distinguen a esta coyuntura.

De eso se tratará entonces, de abandonar el sostenimiento de un marco de referencia que ya no puede dar respuesta a las exigencias y demandas de una comunidad laboral que se vió obligada a dar un salto de calidad, empujada por motivos epidemiológicos.

Un nuevo aprendizaje, esta vez fortalecido con la convicción que nada volverá a ser como antes.