Tras un llamado al 911, la Policía Federal se dirigió al barrio de Once y detuvo a un hombre apodado “Tayson”, que tenía numerosos antecedentes judiciales (causas por homicidio y robo calificado, entre otras), junto a su pareja.
Durante el juicio oral y público, los testigos del procedimiento por el cual Tayson fue detenido indicaron que no estuvieron presentes al momento de la requisa y que lo secuestrado por la policía (una pistola Bersa calibre .22 y una granada) se encontraba en el piso cuando llegaron.
Guillermo Todarello, defensor oficial del acusado, cuestionó el procedimiento y solicitó su nulidad. Además, afirmó que tanto el arma como la granada no se encontraban en condiciones para ser usadas.
Por su parte, la fiscal general Sabrina Namer consideró que el hombre debía ser condenado a tres años y medio de prisión por la tenencia del arma y la granada, aunque no tomó sus antecedentes como agravantes.
Con los votos de los magistrados Daniel Obligado y Adriana Palliotti, el Tribunal Oral determinó como nulo el procedimiento policial por el que la persona en cuestión fue detenida. En ese sentido, remarcaron que "no se ha acreditado el estado de sospecha que hubiese avalado tal detención". No obstante, los policías que participaron en el procedimiento no fueron denunciados.
Meses más tarde a ser liberado, el hombre fue detenido nuevamente y procesado por participar de una gresca en la vía pública cuando portaba un arma de fuego y una botella rota. "Liberaron a JOV por un tecnicismo. Y al poco tiempo volvió a delinquir. La Justicia no puede funcionar si los jueces no tenemos sentido común", indicó un camarista.
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