La Provincia de Santa Cruz (la “Provincia”) recibió un préstamo sindicado por un monto de $ 835.000.000. El financiamiento contó con una garantía del cumplimiento de las obligaciones de la Provincia, consistente en la cesión en garantía del derecho de dicha Provincia a percibir sumas de dinero en virtud del Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales Ley 23.548 y, ante la insuficiencia de dichas sumas de dinero, el derecho de la Provincia a percibir regalías por la explotación y extracción de hidrocarburos líquidos en el territorio de la Provincia.
Banco de Santa Cruz S.A. actuó como organizador y prestamista, Banco de San Juan S.A. actuó como agente administrativo y prestamista, mientras que Banco Macro S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A., actuaron también como prestamistas.
Tavarone, Rovelli, Salim y Miani, actuó como asesor legal de los bancos integrantes del sindicato a través de un equipo integrado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Natalia Ríos y David Macchi.
Banco de San Juan S.A. fue también asistido por sus abogados internos Américo Rubén Soto, Cecilia Morach y Luis Cuccuzza.
La Provincia de Santa Cruz fue asesorada por la abogada Nadia Giardina, Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura de la Provincia de Santa Cruz.
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