FORES hace un nuevo llamado a la responsabilidad institucional de las autoridades de nuestro país.

Las recientes declaraciones del Presidente de la Nación manifestando su impotencia por “la autonomía” del Poder Judicial, describiendo a la Corte Suprema como “un tribunal muy poco calificado socialmente”, y sosteniendo que es “muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”, al ser de quien, por elección democrática, administra los destinos del país, solamente contribuyen a profundizar la crisis institucional que padece la Nación como consecuencia del propio accionar de los poderes del Estado.

Sumado a lo expuesto por el Presidente de la Nación, la Ministra de Justicia, de modo absolutamente desencajado, ha puesto en duda “el sentido de Justicia” en el territorio nacional, sosteniendo que “hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el Presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales”. En el mismo sentido declaró que “quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros, consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas”, afirmando que el juzgamiento de las estas causas, se encuentran en manos de los fiscales y jueces que “se han asociado a los propósitos de aquel gobierno”. Estas declaraciones han sido replicadas en redes por el Presidente de la Nación, avalándolas.

La afirmación acerca de la existencia de magistrados “mandatarios” que acordaban sus fallos con el gobierno de turno, sin identificarlos, y mucho menos, denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones, tal cual es su obligación constitucional, solo pretende obtener réditos políticos y profundizar la grave crisis que vive nuestro país, dividiendo a la sociedad.

Si el Presidente de la Nación o la Ministra de Justicia tienen indicios de lo que señalan en sus declaraciones públicas, entonces deben iniciar los procedimientos constitucionales para la remoción y la eventual sanción de los responsables.

Es necesario recordar, una vez más, que el principio republicano exige un estricto respeto a la división de poderes y, en particular, requiere la no intromisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en el ejercicio de la potestad judicial. Declaraciones como las efectuadas por el Presidente de la Nación y por la Ministra de Justicia violentan estos principios.

Sumado a lo expuesto, y tal como si fuera objeto de un plan de obturación institucional, el ANSES - dependiente del mismo Poder Ejecutivo- ha dispuesto reglamentar el régimen jubilatorio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, exigiendo la renuncia de aquellos jueces que tienen su jubilación otorgada (aún cuando no la perciban), bajo apercibimiento de darlas por decaídas, procedimiento que carece de sustento legal, se entromete en trámites en curso en otro organismo del Estado Nacional, y discrimina respecto de otros funcionarios, a quienes jamás se ha exigido comportamiento similar.

FORES advierte que estos hechos parecieran tener un único curso y objetivo: introducirse en la esfera de los otros poderes del Estado, para únicamente provocar la ruptura del necesario dialogo institucional y llevar con ello a la confusión ciudadana, afectando además la necesaria división de poderes, principio esencial de la forma republicana de gobierno.

El correcto funcionamiento del sistema judicial solamente es posible si todos los actores institucionales de la República ejecutan su conducta conforme los preceptos que el constiuyente ha delineado. De lo contrario, únicamente es esperable la confusión institucional, escenario disruptivo que el Presidente de la Nación tiene la obligación de evitar.