Un hombre que había salido de su casa a las 3 de la mañana, durante febrero de 2004, nunca regresó. Su familia visitó, entre otros, el hospital Pirovano, donde le dijeron que no había ingresado ninguna persona con el nombre indicado.
Luego de un mes de su desaparición, la entidad antes mencionada envió una carta a la familia en la que le comunicaba que tenían que hacer una serie de trámites administrativos en relación al fallecimiento de la persona por un accidente cerebrovascular.
Tras conocer la muerte, la familia inició dos causas, una penal (en la cual los médicos y funcionarios denunciados fueron sobreseídos por la Sala IV de la Cámara del Crimen) y otra civil, derivada a la justicia en lo Contencioso, Administrativa y Tributario de la Ciudad.
El recurso de amparo fue presentado por la familia contra el Gobierno porteño, por el cual se buscaba un resarcimiento por el daño que causó no ser notificados de la internación y de la muerte.
Por su parte, la jueza María Rosa Cilurzo hizo lugar al reclamo de la familia y ordenó que el Gobierno de la Ciudad la indemnice con más de 45 mil pesos por daño psíquico y moral. Cabe señalar que en la resolución se destaca que el hombre contaba con los documentos que permitían ubicar a sus familiares.
“La actividad y/o inactividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, es considerada como propia del Estado, quien deberá responder”, remarca el magistrado. Además, agregó, recordando jurisprudencia de la Corte Suprema, que “quien contrae la obligación de prestar un servicio público, lo debe hacer en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido”.
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