1.- Introducción.

En materia aduanera muchas veces la falta de bibliografía sobre el tema en tratamiento lleva a recurrir a la doctrina que emana de fallos jurisprudenciales. Ello es correcto, pero se debe ser preciso en sus alcances, pues los casos pueden ser fácticamente disímiles y llevar a errores de interpretación. Pues bien, estas líneas apuntan a alertar sobre una práctica peligrosa, producto del desgano de la lectura minuciosa del precedente que se cita.

Analizaré lo resuelto satisfactoriamente por el Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) sobre la cuestión prejudicial, esto es, si el tiempo transcurrido en sede judicial a tenor de un delito, interrumpe el lapso prescriptivo de la acción en materia infraccional aduanera.

2.- El caso en comentario.

El 20 de junio de 2010 un pasajero de salida con dólares en su equipaje es detenido por el control aduanero de preembarque en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realiza la consulta con el Juzgado Penal Económico y el Juez considera que no hay contrabando y remite el tema al BCRA por presunta infracción a la ley 19.359. El 21/8/15 se decreta la nulidad del sumario cambiario, se encuadran los hechos como contrabando-, y pasan a la justicia, manteniéndose esa situación hasta el 29/6/16, en que se desestima la existencia del delito y se dicta sobreseimiento. El 28/3/17, vuelve a la aduana y se instruye sumario a tenor de la infracción de equipaje (1).

Tal como menciona el art. 934 del C.A., la acción para imponer penas en las infracciones aduaneras prescribe a los 5 años y como vimos, el hecho es del año 2010 y recién se manda en el 2016 a la Aduana para que se investigue. Entonces cabe preguntarse, si pasaron más de 5 años, ¿por qué se siguió la investigación?

La aduana consideró que no transcurrió dicho lapso prescriptivo con cita de la doctrina de dos precedentes: “Mazal” y “De la Rosa Vallejos”, en el sentido de que la tramitación de la causa judicial impide cualquier intervención del Servicio Aduanero. Seguidamente condenó al pasajero en orden a la infracción de equipaje de salida.

Apelado el fallo condenatorio, se arribó al TFN, quien aclaró el alcance de los precedentes citados y su inaplicabilidad al caso, declarando la prescripción de la acción infraccional. Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Capital, con fecha 14/11/19 (2), confirmó el fallo recurrido, quedando firme la absolución.

3.- Consideraciones.

La doctrina judicial invocada por la aduana, se trataba de un supuesto de doble jurisdicción en el que la faz administrativa del delito debe mantenerse pasiva a la espera de lo que suceda en el ámbito judicial. En cambio, en el caso en estudio era distinto, pues el mismo hecho es objeto de encuadres escalonados o sucesivos (infracción cambiaria, contrabando, infracción de equipaje)

En conclusión, tanto la doctrina de “Mazal”, que recogía lo dicho en “De la Rosa Vallejos”, rigen sólo para la imposición de las penas accesorias del delito. Cuando la investigación se inició como contrabando, la única acción de la aduana que se interrumpe es la que corresponde aplicar a las penas accesorias del delito, no la que, como en este caso, apunta a investigar una infracción aduanera autónoma del delito.

El 23 de diciembre de ese año el Departamentos de Procedimientos Legales Aduaneros desestimó la parte administrativa de contrabando y consideró que la acción penal aduanera por la infracción de equipajes se encontraría prescripta.

Pero luego, la Subdirección General Técnico Legal Aduanera solamente aprobó la desestimación de la parte administrativa de contrabando, no así respecto al equipaje, en virtud de dos fallos de la Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Contencioso Administrativa Federal (3).

La aduana, además los precedentes mencionados, cita la doctrina de “De la Rosa Vallejos” y la doctrina “Mazal” (4) como si fuesen en el mismo sentido que estos fallos de Cámara, y por lo tanto, entendiendo que por tratarse de un concurso ideal, si se había investigado en orden al delito, no podía juzgarse por el plano infraccional y se tenía que considerar que esa tramitación como una cuestión prejudicial y aplicar el 67 del CP y suspender el plazo.

Apelada dicha resolución, el TFN declaró la prescripción de la acción del Fisco para perseguir la infracción.

Luego de analizar los precedentes de la Cámara, el TFN considera que se habría efectuado una interpretación extensiva del art. 67 del Código Penal (5) y eso violaba el principio de legalidad.

Ello, toda vez que en estos fallos se había considerado como cuestión prejudicial algo que no lo era.

Además, en la doctrina de “Mazal”, que recoge lo dicho en “De la Rosa Vallejos”, la suspensión rige sólo para la imposición de las penas accesorias del delito (por lo que se requiere que previamente haya una condena).

4. Conclusión.

Cuando la investigación se inició como contrabando, la única acción de la aduana que se suspende es la que corresponde aplicar a las penas accesorias del delito, no la que, como en este caso, apunta a investigar una infracción aduanera autónoma.

En la doctrina mencionada se trataba de un supuesto de doble jurisdicción en el que la faz administrativa del delito debe mantenerse pasiva a la espera de lo que suceda en el ámbito judicial. Pero, en el caso en estudio es distinto, pues el mismo hecho es objeto de encuadres escalonados o sucesivos (infracción cambiaria, contrabando, infracción de equipaje).

Por ello, tratándose de un juzgamiento de infracciones no debemos darle un alcance que no tiene y no podemos extender la aplicación del art. 67 del CP para un supuesto que no es prejudicial ya que como dijimos, es violatorio al principio de legalidad (la interrupción de la prescripción se rige por el art. 937 del C.A.(6)).

Así, no se debe integrar analógicamente tales normas presumiendo lo que el legislador quiso decir, ya que no solo está vedado en materia penal sino por un principio de progresividad.

Esta resolución del TFN fue apelada por el Fisco y a pesar de que la Cámara contaba con los precedentes mencionados (en donde si había concurso ideal y tramitación en sede judicial se suspende la acción), lo novedoso es que la misma Sala I de la Cámara Contenciosa cambia la postura y confirma la sentencia del TFN recurrida.

En conclusión, cuando se da un hecho que puede ser encuadrable, tanto como una infracción como un delito de contrabando, si el Estado DECIDE investigar por el delito, lo que dure la investigación por el delito NO ES PREJUDICIAL respecto a la investigación de la infracción aduanera.

Si el Estado decidió que se daban los elementos para aplicar el delito de contrabando y luego se demostró que no era cierto, el administrado no debe pagar por los platos rotos (soportar el perjuicio de la negligencia del juzgador).

Por eso, este fallo no solamente da una vuelta de tuerca a la cuestión, sino que marca una bajada de línea para establecer un criterio legal entre el delito y la infracción. Que obliga a ser más mesurado al momento de denunciar. Muchas veces hay que transitar el camino de la infracción para luego si se dan otros elementos arribar al delito aduanero.