El 23 de agosto de 2024, se emitió la Decisión Administrativa 836/2024, que establece el cronograma para la implementación del «silencio positivo» en los procedimientos administrativos de la Administración Pública Nacional. Este concepto, introducido por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 695/2024, representa un cambio significativo en la manera en que se gestionan las solicitudes de autorizaciones administrativas.
¿Qué es el «silencio positivo»?
El «silencio positivo» se refiere a un principio administrativo según el cual, si la administración no emite una respuesta dentro de un plazo establecido sobre una solicitud de autorización, se entiende que la misma ha sido aprobada automáticamente. Este mecanismo busca evitar que los ciudadanos o empresas queden en un limbo burocrático debido a la falta de respuesta por parte de la autoridad competente.
La Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos ya reconocía el silencio administrativo, pero con la reforma introducida por la Ley 27.742, se estableció específicamente el «silencio positivo» para ciertos casos, salvo en materias expresamente excluidas o aquellas que puedan ser exceptuadas reglamentariamente.
Implementación en la Administración Pública
La Decisión Administrativa 836/2024 detalla el cronograma para la implementación de este principio:
- Administración Pública Centralizada y Organismos Desconcentrados: A partir del 1 de noviembre de 2024, todas las reparticiones deberán aplicar el «silencio positivo» en los trámites que involucren autorizaciones administrativas, utilizando la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o cualquier otro sistema que utilicen para dichos trámites.
- Organismos Descentralizados: Desde el 1 de diciembre de 2024, los organismos descentralizados deberán adoptar la misma medida.
Impacto y Objetivo
La implementación del «silencio positivo» busca agilizar y transparentar los procedimientos administrativos, otorgando mayor certeza y seguridad jurídica a los solicitantes. Al establecer plazos claros y consecuencias en caso de inacción, se pretende reducir la carga burocrática y mejorar la eficiencia en la gestión pública. Este cambio es parte de una reforma más amplia orientada a modernizar el Estado y hacerlo más accesible y eficiente para los ciudadanos.
La decisión entra en vigor desde su publicación, el 26 de agosto de 2024, marcando un paso adelante en, lo que el actual Gobierno denomina, la reforma administrativa del país.
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