Accionistas de las AFJP Reclaman al Estado que Cumpla con el Resarcimiento
Luego de que hubiesen pasado cuatro meses de la derogación del sistema de jubilación privada, los propietarios de las ex AFJP  comenzaron a efectuar reclamos al gobierno nacional como consecuencia de la falta de reglamentación por parte del mismo del artículo de la ley que establece el resarcimiento que deberían recibir a raíz de la eliminación de las administradoras. El primero en efectuar el reclamo fue el presidente del BBVA, accionista de Consolidar, al que le siguieron el resto de los dueños de las ex administradoras. Desde las AFJP, no comunicaron si aceptarán el resarcimiento ofrecido por el Estado, debido a que aún el mismo no pudo ser conocido  a raíz de la falta de reglamentación de dicha ley, en donde debería establecerse cuánto es el monto que les corresponde. De acuerdo a lo normado en el artículo 13 de la ley que dispuso la estatización del sistema jubilatorio, las AFJP no podrán recibir en ningún caso compensaciones que fuesen superiores al valor máximo equivalente al capital social de las administradoras, teniendo en cuenta las condiciones que establezca la reglamentación de dicha ley. A su vez, la normativa aclara que el Estado Nacional entregará títulos públicos emitidos o a emitirse a los accionistas de las administradoras, evitando que se produzca un impacto en la cotización de los mismos mediante un programa mínimo. Por otro lado, el mencionado artículo deja establecido que la ANSeS tendrá derecho prioritario para recomprar tales títulos. Si bien alegan no conocer el criterio que tendrá el gobierno para otorgar el resarcimiento, los dueños de las ex AFJP, dicen que deberá ser tenido en cuenta al momento de calcular el mismo, las indemnizaciones pagadas al personal, las inversiones realizadas y no amortizadas, así como el daño emergente sufrido por la estatización de los fondos. Esta postura de los accionistas de las AFJP, entre los que se encuentran bancos nacionales y extranjeros, compañías de seguros tanto locales como extranjeras y diferentes grupos de inversión, podría generar reclamos tanto administrativos como judiciales, algunos de los cuales podrían invocar la violación de los tratados de inversiones internacionales llevando los juicios ante tribunales extranjeros.

 

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