En los casos de abuso sexual infantil, que vemos a diario en las noticias, la sociedad exige respuestas rápidas y contundentes. Pero detrás de esa urgencia aparece un problema poco discutido: la falta de preparación técnica de muchos abogados para intervenir en este tipo de procesos. El resultado, en algunos casos, consiste en defensas débiles, estrategias incompletas y decisiones judiciales tomadas en un clima de fuerte presión social.

En el sistema judicial argentino, los delitos vinculados al abuso sexual infantil se encuentran entre los más sensibles y complejos. Involucran acusaciones graves, víctimas particularmente vulnerables y un fuerte impacto emocional y social. Sin embargo, en ese escenario también emerge una dificultad que rara vez se discute públicamente. Y esto es que muchos abogados prefieren no intervenir por temor o incapacidad. 

Las razones son diversas. Por un lado, existe un fuerte clima de prejuzgamiento social y judicial. En la práctica, numerosos profesionales perciben que el imputado es tratado desde el inicio como culpable, aun cuando el principio constitucional establece que toda persona debe recibir trato de inocente hasta que se demuestre lo contrario por sentencia firme.

A ese contexto se suma una sensación extendida entre muchos litigantes. Perciben que su trabajo profesional tiene escasa incidencia en el resultado del proceso. Cuando el caso se construye fundamentalmente sobre el relato de la denunciante acompañado por informes psicológicos, algunos abogados sienten que el margen para discutir la prueba es limitado si no cuentan con herramientas técnicas específicas. 

La falta de formación especializada también juega un papel clave. No todos los profesionales del derecho penal reciben entrenamiento profundo en litigación oral, análisis estratégico del caso, oratoria o técnicas de persuasión. Mucho menos en disciplinas complementarias como la psicología forense, que resulta central en este tipo de procesos.

Defensa débil en un sistema bajo presión

Este escenario puede derivar en consecuencias concretas dentro del proceso judicial. En muchos casos se observan teorías del caso poco desarrolladas, defensas con escasa integración de prueba pericial o estrategias procesales que se limitan a aceptar acuerdos abreviados como salida casi automática.

El juicio abreviado —una herramienta legítima del sistema penal— puede convertirse, en ciertos contextos, en una fuerte presión para el imputado. Por ello, muchos colegas abandonan la defensa penal y pasan a formar parte de una negociación cuasi extorsiva entregando a sus clientes en las manos de un sistema que lejos está de investigar la verdad. El acuerdo incluye reconocer la culpabilidad de un hecho que muchas veces no fue cometido por la persona imputada a cambio de una pena menor que la que supuestamente pediría el fiscal luego del juicio oral. 

Frente a ese escenario sesgado y desalentador, algunos acusados optan por firmar acuerdos aun cuando sostienen su inocencia,ya que sus mismos abogados se sienten acorralados y así lo aconsejan. La inocencia poco importa, se prioriza decisiones rápidas con tal de disminuir el impacto social que una defensa en este tipo de casos conlleva  tanto para la parte como para el letrado.

Al mismo tiempo, no son pocos los procesos que tienen origen en conflictos familiares complejos. En disputas de pareja o separaciones conflictivas, el proceso penal puede terminar siendo utilizado como una forma extrema de presión entre adultos. En esos casos, los niños quedan en el centro de un conflicto que el sistema judicial debe abordar con particular cuidado.

Otro punto crítico aparece en el terreno pericial. Muchas investigaciones se sostienen en evaluaciones psicológicas realizadas con metodologías clínicas, cuando el ámbito judicial exige herramientas propias de la psicología forense, con estándares metodológicos distintos. La diferencia no es menor: mientras la psicología clínica busca comprender y acompañar a una persona, la psicología forense debe responder preguntas específicas del proceso judicial bajo criterios científicos verificables.

Mano de hierro y guante de seda

Litigar en este tipo de procesos requiere un equilibrio particularmente delicado. Por un lado, el abogado necesita rigurosidad técnica para analizar la prueba, formular interrogatorios y sostener argumentos jurídicos sólidos. Por el otro, debe actuar con sensibilidad frente a situaciones profundamente humanas que involucran a niños, familias y acusaciones de enorme gravedad.

Ese equilibrio puede resumirse en una imagen: “mano de hierro y guante de seda”. Firmeza técnica para ejercer el derecho de defensa, pero al mismo tiempo respeto absoluto por la dignidad de quienes participan del proceso, evitando cualquier forma de revictimización.

Para alcanzar ese equilibrio, la formación del abogado no puede limitarse al derecho penal. También requiere conocimientos de criminalística, criminología, medicina forense y psicología del testimonio y principalmente en las destrezas de litigación. Comprender cómo se forma la memoria infantil, cómo pueden contaminarse los relatos o cómo influyen terceros en la construcción de un testimonio es clave para analizar la prueba con mayor precisión.

Incluso aspectos procesales aparentemente técnicos, como la correcta aplicación de protocolos en entrevistas a menores (por ejemplo, en los dispositivos de Cámara Gesell)  pueden resultar determinantes para la calidad de la evidencia que llega al expediente.

La verdad, ese divino tesoro 

El problema no es exclusivo de Argentina. Debates similares atraviesan hoy a distintos países de América Latina e incluso a sistemas judiciales europeos. La creciente sensibilidad social frente a los delitos contra la infancia es necesaria y saludable. Pero también exige operadores judiciales mejor preparados para intervenir en casos de alta complejidad.

En definitiva, el proceso penal tiene una misión clara: proteger a los niños, sancionar a los culpables y, al mismo tiempo, evitar que personas inocentes sean condenadas injustamente. Cuando ese equilibrio se pierde, el sistema deja de cumplir su función esencial.

Por eso, más allá de las discusiones jurídicas, hay un principio que debería guiar siempre la actuación de jueces, fiscales, abogados y peritos: la búsqueda de la verdad. Solo a partir de una formación sólida, interdisciplinaria y libre de sesgos será posible que la justicia pueda cumplir plenamente con ese objetivo.