Mientras se aproxima el verano y las altas temperaturas dejan de ser excepcionales, la interrupción en los servicios de electricidad vuelve a emerger como una problemática nunca resuelta para malhumor de los usuarios y cortocircuitos entre empresas y gobierno. Y una vez más, las causales y efectos difieren según el prisma que se aplique: “falta de inversiones” desde las distribuidoras, acusa el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; “tarifas desactualizadas”, retrucan las eléctricas y, en el medio, la incomodidad y el impacto económico sobre los consumidores.

“Desde hace diez años las distribuidoras enfrentan las dificultades derivadas del congelamiento de sus tarifas. Las empresas deben prestar el servicio bajo determinada calidad, y recibir ingresos que cubran los costos operativos, impuestos, amortizaciones (inversiones) y una tasa de rentabilidad razonable. Así lo prevé el marco regulatorio y los contratos de concesión”, explica Carlos Miná, de Pozo Gowland Abogados.

Y subraya:“A partir del 2002, la ley de emergencia pesificó la tarifa y dejó sin efecto su ajuste semestral. Y hasta la renegociación contractual de 2006 estuvieron congeladas. Entonces se dispuso un aumento del 23%, el ajuste semestral del cuadro tarifario según las variaciones de costos, y la disposición que el ENRE debía realizar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) para fijar un nuevo régimen tarifario a aplicarse desde agosto de ese año pero el ajuste semestral nunca se aplicó —salvo un aumento parcial en 2008—, como tampoco se hizo la RTI.”

De acuerdo al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), los cortes al servicio por parte de las distribuidoras nacionales se incrementaron hasta un 175 % en duración y un 90 % en cantidad entre 2003 y 2010. En forma paralela, los especialistas del sector esgrimen sus propias proyecciones de la última década con costos operativos que aumentaron un 900 % entre 2002 y 2011 distorsionando la brecha con los ingresos que perciben las distribuidoras por sus tarifas: apenas el 60 %. ¿Qué estrategia defensiva pueden plantear las empresas ante las acusaciones de desinversión y hasta los rumores —desmentidos pero recurrentes— de estatización?

Gerónimo Rocha Pereyra, abogado especialista en Derecho Público y Regulación Económica, responde: “Frente a la imposibilidad de adecuar sus tarifas, tienen varias alternativas para accionar contra el Estado, a saber: plantear la excepción de falta de cumplimiento; instar la culminación de la instancia de renegociación contractual; avanzar en el marco de los procesos ante el CIADI o demandar el cumplimiento del Contrato de Concesión, hasta eventualmente —en la medida que se reúnan los requisitos— iniciar el procedimiento para rescindir el Contrato por culpa del Concedente”.

Ante las reiteradas negativas de readecuación tarifaria de los últimos años, tanto Edenor como Edesur, que concentran el 40 % del mercado de distribución eléctrica nacional, elevaron sus propios reclamos a Cammesa, la administradora estatal de energía, alertando que el déficit en el que incurren puede derivar en un potencial default y en la precarización del servicio. Cubrir la creciente demanda anual del 35 %, firme desde 2004, requeriría inversiones de entre 170 y 200 millones de dólares al año. Pero lo que ambas firmas denuncian son pérdidas acumuladas: En 2011, Edenor calculó 435 millones de pesos de déficit; Edesur, 461 millones. A modo compensatorio, la última semana, el ministerio de Julio De Vido anunció aumentos fijos en las tarifas a regir desde el 1 de noviembre de entre 4 y 150 pesos bimestrales en el área metropolitana, segmentados por consumo.

“Si bien la Ley de Defensa del Consumidor —con la modificación introducida por la Ley 26.361— ha previsto que los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley (art. 25), en la práctica no llega a materializarse con claridad. En efecto, la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo Federal se ha inclinado por declarar la incompetencia de la Dirección de Defensa del Consumidor en este tipo de supuestos. En consecuencia, en la instancia administrativa, los reclamos de usuarios deberían canalizarse a través del ENRE”, explica Rocha Pereyra.

¿Podría el Ejecutivo argumentar falencias sucesivas para revocar las concesiones? “Ante determinados incumplimientos, procede la ejecución de la garantía constituida sobre el paquete mayoritario y también la rescisión del contrato de concesión. Si los incumplimientos se deben a la insuficiencia de los ingresos producida por el congelamiento de las tarifas y los incumplimientos del Estado Nacional y del ENRE, las distribuidoras podrán invocar tal circunstancia como argumento de defensa. Para ello será importante que puedan acreditar que la falta de ingresos provocó una imposibilidad material de prestar el servicio y de realizar las inversiones, que actuaron con prudencia y diligencia, que intentaron, por las vías administrativas y judiciales correspondientes revertir esta situación”, concluye Miná.