Pese a su importancia, resulta difícil transmitir la relevancia de la Justicia —sus problemas y soluciones— a quienes no pertenecen al ámbito legal, como empresarios, economistas, científicos o ciudadanos de a pie.

Especialmente para el sector privado, el sistema judicial es un factor económico determinante. Sin embargo, no existe una conducción estratégica. ¿Por qué deberían preocuparse los empresarios? No por solidaridad gremial con jueces o abogados, sino por una cuestión de supervivencia operativa: la ineficiencia judicial aumenta el ‘costo argentino’, desalienta inversiones, restringe el acceso al crédito, encarece contratos, fomenta la informalidad y reduce el crecimiento.

Debemos recordar que la Justicia es un Poder del Estado que se ejerce en simultáneo con el servicio esencial que presta: perseguir los delitos, resolver las contiendas entre particulares y entre éstos y el Estado. Hoy se encuentra colapsada como infraestructura básica,. El problema central no es la falta de presupuesto, sino la ausencia de gestión y control.

El costo oculto de la ineficiencia

Argentina discute permanentemente cómo producir riqueza, pero dedica poco tiempo a cómo protegerla. La institución encargada de esa protección es la Justicia: cuando ésta falla, el resto del entramado socioeconómico termina colapsando. Argentina ocupa el puesto 69 en el ranking mundial de justicia (World Justice Project), una métrica de competitividad tan crítica como el riesgo país.

La Justicia debería actuar como un elemento disuasivo frente al delito y al incumplimiento; sin embargo, un sistema que no funciona se convierte, paradójicamente, en una herramienta que favorece la impunidad. Para el empresario, esto representa un costo oculto: cada año, la ineficiencia judicial les cuesta a las empresas entre un 5% y un 10% de sus ganancias (litigios interminables, demoras y corrupción). Existe una formula muy gráfica: "Inseguridad física + corrupción = fuga de capitales". Si el sistema no castiga, el delito crece. Es el mismo tema: la carencia de un Estado de Derecho real. Y si no cambiamos, en una década Argentina podría quedar fuera del mapa de las inversiones serias.

1. La incomprensión: un gran obstáculo

Uno de los mayores problemas para la colaboración es la brecha de entendimiento entre los actores judiciales y la ciudadanía. Es indispensable cerrar esta distancia para discutir soluciones viables.

Para los extraños al sistema, la justicia es un terreno inaccesible que se rige por reglas herméticas donde conceptos como "eficiencia" o "servicio al ciudadano" parecen ajenos.

El principal activo de la Justicia es su capital humano. Pero aun suponiendo que pudiéramos seleccionar a los mejores profesionales (meta muy difícil porque no existe un programa objetivo de formación y de selección) el sistema continuará fracasando. La clave está en rescatar la gestión.

En el Poder Judicial las críticas externas no son bien comprendidas. Algunas autoridades judiciales argumentan que el problema es de "comunicación", cuando en realidad es un problema real indiscutible. El Presidente de la Corte Suprema lo atribuyó a un problema de comunicación de los jueces.

La resistencia a la modernización es alta: en los años 90, la Corte encargó un estudio a una auditora internacional, pero al recibir recomendaciones de cambio, las rechazó (y no abonó el trabajo). Una importante jueza dijo en una reunión que “la eficiencia es una imposición del Banco Mundial”. Para avanzar, el dogma de que "la eficiencia es una imposición externa" debe ser abandonado en favor de sistemas de comando único y tableros de control digitalizados.

2. Diagnóstico: una organización sin gerente

Si una empresa privada operara bajo las condiciones de la Justicia actual —sin medición de productividad, con baja movilidad de personal ineficiente y negación de los problemas internos—, quebraría rápidamente. Eso es, precisamente, lo que ocurre en gran parte del sistema judicial argentino. Los principales problemas se podrían consignar.

• Estructura anacrónica: El sistema funciona como un archipiélago de islas (juzgados unipersonales y colegiados) con titulares vitalicios que se consideran absolutamente independientes y que son, como se consigna, seleccionados por un sistema muy peculiar.
• Independencia mal entendida: Se confunde la "independencia de criterio" con la "independencia de gestión". Los jueces deben ser independientes en sus fallos, pero no pueden ser autónomos de las normas de eficiencia y buen gobierno. (cuando comenzó la informatización y la comunicación entre los juzgados un juez resolvió no adherirse al sistema y lo mantuvo incompleto por mucho tiempo). En otro ejemplo la propia Corte Suprema desconoce normas de las leyes de procedimientos, como por ejemplo, en los plazos para fallar[1].
• Poder bicéfalo: La organización está dirigida por una Corte Suprema y un Consejo de la Magistratura que, en la práctica, no dirigen: gestionan el status quo. Es una organización sin gerente, sin objetivos claros y sin control de indicadores de gestión (KPI).

4.      Extravagancia, la actuación del sistema judicial no se rige por las reglas de las organizaciones, sino por un código de procedimientos que da prevalencia al derecho de defensa antes que la eficiencia. y que en ocasiones buscar acelerar y eficientizar el servicio vía acortar los plazos procesales, aunque siempre para las partes y nó para el tribunal. En ocasiones se ha anunciado, por ejemplo: “un juicio ordinario va a culminarse en 460 días”, solo porque así lo determinarían, idealmente, los plazos que fijan los procedimientos.

• Equiparación con el resto de la administración pública. Sin ninguna razón o causa justificada, la justicia trabaja medio día, tienen un mes de vacaciones, y dos ferias prolongadas el resto del año. Hay poca o ninguna preocupación por los justiciables. Es común conocer que un juez se toma licencia especial con cientos de causas pendientes (en un juicio de relevancia institucional se le negó una licencia a un juez que alegó que tenía que jugar un torneo de tenis en Israel).
• Una gestión sin indicadores (sin reparar en ellos) no hay indicadores de gestión, o si los hay, no los utilizan[2].
• La trampa de las soluciones mágicas: Es común buscar soluciones drásticas o inmediatas (como despidos masivos), pero estas solo logran deslegitimar aún más el sistema. La verdadera solución es la ingeniería de procesos.

3. Hoja de ruta: ¿Qué hacer?

Para colaborar, es necesario definir un plan sistémico, pero nuestra prédica desde hace cinco décadas no se ha asumido. No se puede mejorar con estertores, solucionando algún problema especial, en todo caso sería un engranaje moderno en una máquina vieja. Se debe recurrir a un enfoque basado en datos duros, comparaciones internacionales (por ejemplo, los 6 meses de un juicio comercial en Singapur frente a los 6 años en Argentina) y ejemplos concretos.

El primer paso para la colaboración es que se entiendan bien -de ambos lados- la idiosincrasia y peculiaridades de la justicia y se coincida qué cosas se encaran bien y qué cosas son erradas y pueden mejorarse.

Para estudiar y promover soluciones para la justicia conviene recurrir al esquema con que trabajamos en FORES recurriendo a la triple dimensión del problema: el eje institucional, el humano y el referido organización e infraestructura.

Se ignorar reglas elementales. Por ejemplo, no se distingue entre problemas simples y complejos: todo se trabaja de la misma forma y con las mismas estructuras. (cuando hablo de casos simples no me refiero a su monto económico, sino a la repercusión social de la sentencia).

Una vez analizadas las soluciones y reglas comunes a todo el sistema, luego quizás haya que hacer algunas distinciones entre la Justicia penal y la justicia no penal: en la primera el Estado debe procurar perseguir todos los casos, en tanto en lo no penal quizás haya que hacer un esfuerzo para que el juicio y aún la sentencia sean las soluciones de ultima ratio (recurriendo a las soluciones alternativas, ADR).

Y seguramente hay que abordar a la informatización de la Justicia que debe no solamente modernizarse sino cambiar de objetivos y prioridades: antes que nada, tiene que servir para aportar información de su funcionamiento a sus autoridades, tiene que ser un verdadero tablero de control. Cuando se comenzó a informatizar allá por los ’90 las PC se incorporaron y se utilizaron como máquinas de escribir sofisticadas, y nada más, antes que imaginarlas como centros de información y de intercambio, (todavía no existía la red Internet). Revisar el sistema actual y estimar costo de actualización sería un aporte importante.

Entonces, como consigno, aun cuando por hipótesis pudiéramos reunir excelente calidad humana en el Poder judicial, los otros problemas de gestión seguirán existiendo e impedirán impartir justicia. Y en esta visión, hay que comprender algunas ideas: no es un problema de presupuesto, es un problema de gestión, anacronismo y falta de controles.

La justicia argentina lleva décadas sin funcionar como sistema. Formalmente existe, pero no cumple su función. Es una anormalidad del estatus legal del Estado que hace que sea el mayor litigante de la Argentina siendo parte en un alto porcentaje de los litigios (podría estimarse en una 30%, por ejemplo).

E insisto en que es notable la paradoja: es el único sector donde más dinero no soluciona el problema. No es construcción de edificios, es gestión.

Algunas propuestas como ejemplo:

·       Gestión por indicadores (KPIs): Implementar tableros de control para medir celeridad, productividad y uso de recursos.

·       Informatización, debe modernizarse y reorientar los objetivos.

·       Transparencia: mejorar la transparencia en todos los datos del sistema judicial.

·       Reformas en la selección: Incorporar evaluaciones técnicas y psicológicas de alto estándar, siguiendo modelos de países vecinos (Chile, Uruguay).

·       Observatorio Judicial Independiente: Publicar rankings de eficiencia, tiempos de resolución y transparencia de jueces y fiscales.

·       Centro de denuncias de mala praxis: Un canal anónimo y seguro para reportar corrupción o ineficiencia, inspirado en modelos como Transparency International.

·       La represión legal de los narcodelitos, debe existir un plan especial referido al tema de las drogas.[3]

·       Presión social para mejorar el sistema: finalmente el país debe reclamar la reforma judicial. El movimiento de reforma judicial de los EE.UU. comenzó con El célebre discurso «Las causas del descontento popular con la administración de justicia» de Roscoe Pound en 1906.

Conclusiones

La Justicia no es un tema exclusivo de abogados; es una preocupación de todos. Los empresarios y dirigentes deben aportar su experiencia en gestión —sin vulnerar la independencia judicial— y ejercer la presión social necesaria para que el sistema evolucione.

No podemos seguir tolerando que la Justicia sea el mayor costo oculto de las empresas. El sistema no está muerto, pero está gravemente enfermo; necesita una reforma profunda basada en la gestión, el control y la transparencia.

ANEXOS DOCUMENTOS

Algunos documentos que ayudan a comprender el problema.

• Informe del Banco Mundial (mayo 2026)
• Informe del FMI Datos del World Justice Project (WJP)
• Cómo califica a Argentina. Transparency International
• Gráficos simples:
  • Ej.: "Indicador de Ineficiencia" (ranking mundial vs. costo presupuestario).
  • Informe FMI WJP Transparency International Información local