Mediante el Decreto 614/2024, publicado en el Boletín Oficial el 16 de julio de 2024, el Poder Ejecutivo disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En su reemplazo, creó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El objetivo es redefinir y modernizar el marco regulatorio del servicio de inteligencia argentino.
Según lo dispuesto, se establece la creación de cuatro agencias desconcentradas de la SIDE:
- Servicio de Inteligencia Argentino (SIA): Estará encargado de la producción de inteligencia exterior. Se centrará en obtener, reunir y analizar información relacionada con amenazas que puedan afectar los intereses nacionales en diversos ámbitos.
- Agencia de Seguridad Nacional (ASN): Su enfoque abarca la criminalidad organizada nacional e internacional, como el narcotráfico y la proliferación de armas.
- División de Asuntos Internos (DAI): Estará encargada de promover auditorías e investigaciones internas.
- Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC): Se dedicará a la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de infraestructuras críticas y datos estratégicos.
La reforma hace especial énfasis en la AFC, a la cual le atribuye las siguientes misiones:
- Modernización tecnológica: Diseñará e implementará tecnologías innovadoras para mejorar las capacidades técnicas del sistema. De este modo, se asegurará de que esté equipado para enfrentar los desafíos actuales.
- Seguridad y acceso controlado: Garantizará niveles de acceso y medidas de seguridad apropiadas para proteger la información sensible recopilada. Así, facilitará su integración con otros organismos estatales y asegurará su disponibilidad para las operaciones del Sistema de Inteligencia Nacional.
- Capacitación especializada: En colaboración con los organismos correspondientes, capacitará a los miembros del Sistema de Inteligencia Nacional y al sector público en el uso y aplicación efectiva de las tecnologías utilizadas en el ámbito de la ciberseguridad y la inteligencia tecnológica.
Otro aspecto relevante es que la nueva regulación limita la interacción entre la justicia y los servicios de inteligencia, ya que estos solamente podrán colaborar con investigaciones judiciales en casos excepcionales.
Por último, exhorta al Ministerio Público Fiscal de la Nación a crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia, destinada a cooperar con la SIDE y sus organismos en el ámbito de su competencia. De este modo, se fortalecerá el control judicial sobre las actividades de inteligencia.
Este cambio normativo coincide con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que −entre otros aspectos− ordenó regular el ingreso y el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales.
El texto completo de la Resolución puede ser consultado aquí.
Por Andrés O'Farrell y Victoria Francia
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