En los autos “Seyre S.A. s/Quiebra”, la fallida apeló la resolución que dispuso, como consecuencia de haberse ordenado la clausura del procedimiento por falta de activo, la remisión de las actuaciones a la justicia penal, conforme lo establecido por el art. 233 de la Ley de Concursos y Quiebras.
La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, remarcó que no se encontraba en discusión la inexistencia de bienes para hacer frente a los gastos motivados por la tramitación del proceso universal, razón por la cual se dispuso la clausura del procedimiento por falta de activo.
La fallida cuestionó la validez constitucional del art. 233 de la Ley de Concursos y Quiebras en cuanto prevé que “la clausura del procedimiento, por falta de activo, importa presunción de fraude. El juez debe comunicarla a la justicia en lo penal para la instrucción del sumario pertinente”.
No obstante ello, los camaristas consideraron que dicho planteo resultaba improcedente toda vez que “es sabido que la inconstitucionalidad de una norma constituye una de aquellas cuestiones que deben ser introducidas en forma específica en la primera oportunidad que brinda el procedimiento”.
Asimismo, “constituye una inveterada y pacífica doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como una última ratio de orden jurídico”.
En tal sentido, la Sala referida juzgó que la remisión de la causa a la justicia penal a los fines de instruir el sumario, resultó ajustada a derecho “en tanto basta con la comprobación del presupuesto objetivo de la LCQ 232 -inexistencia o insuficiencia de activo- para tornar operativas las consecuencias previstas en esa norma y en el art. 233 (clausura del procedimiento y comunicación de ello a la justicia criminal), para lo cual es irrelevante la conducta del deudor, su actividad de colaboración en el proceso o la falta de antecedentes penales”.
El pasado 4 de junio, los Dres. Heredia, Piatti y Vassallo confirmaron lo resuelto en primer grado.
Opinión
CYT Abogados
opinión
ver todosBeccar Varela
Cevasco, Camerini, Barreira Delfino & Polak Abogados
Fernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
detrás del traje
Nos apoyan
