Con la finalidad de avanzar con los objetivos propuestos en el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, suscripto por Argentina en el Marco de Naciones Unidas, mayormente conocido como “Acuerdo de Escazú”, el pasado 3 de octubre de 2023 el Gobierno Nacional presentó el “Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú”.
El Acuerdo de Escazú impuso a los Estados Parte el deber de asumir una serie de obligaciones para la implementación efectiva de sus objetivos, consistentes en garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental y a la justicia en asuntos ambientales, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, la creación y el fortalecimiento de las capacidades nacionales de los Estados Partes en materia ambiental, y de la cooperación entre los estados, pretendiendo contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú fue diseñado en dos etapas, a saber: 1) La primera, orientada a analizar en qué estadio de cumplimiento del acuerdo se encontraba el país y a identificar áreas de mejora prioritarias y, 2) La segunda, enfocada en diseñar mecanismos para una adecuada gobernanza del Acuerdo de Escazú y a construir colaborativamente este plan nacional.
Es importante destacar que el mismo se basó primordialmente en estrategias de participación pública, permitiendo recoger propuestas de diversos sectores de la sociedad civil, con el objetivo de mejorar el ejercicio de los derechos de acceso en temas ambientales.
A su vez, Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú contiene acciones estratégicas organizadas en torno a seis ejes: (i) acceso a la información pública ambiental; (ii) participación pública en la toma de decisiones ambientales; (iii) acceso a la justicia en asuntos ambientales; (iv) defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; (v) fortalecimiento de capacidades; (vi) sistema de gobernanza para la ejecución y el seguimiento de la implementación del acuerdo. Dentro de estos ejes se definieron 24 lineamientos, que representan pautas o temas generales de acción. A su vez, se establecieron 73 acciones específicas, que implican actividades con viabilidad de ejecución.
Por último, cabe poner de resalto que se propuso un plazo de tres años para llevar a las acciones propuestas en el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú.
Acceda al texto completo de la norma aquí.
Por Agustín Siboldi, Jorge Muratorio, Agustina Fanelli Evans, Ana Belén Micciarelli y Sofía Leis Ramos
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