Cómo Están Hoy las “Históricas” Causas de las Empresas Argentinas en el CIADI
La Argentina, a juicio. Podría ser el título de las 29 demandas pendientes que tiene el país en el máximo tribunal creado por el Banco Mundial para arreglar las disputas entre los gobiernos e inversionistas extranjeros. Al país históricamente se le reclamaron u$s 50.000 millones y u$s 3.300 millones la cifra que se ahorró la Argentina en 2009 por el cierre de cinco litigios pendientes. Pero la batalla legal está lejos de concluir. En la actualidad hay causas que se encuentran en suspenso, otras que están a la espera de un laudo y también existen algunas que se ubican en las preliminares del proceso y la constitución de un tribunal. La demanda iniciada por Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas está en la etapa de constitución del tribunal. El reclamo de la española –que tantos problemas atraviesa en su casa matriz– es por u$s 1.560 millones y, pese a que las negociaciones con el Gobierno se encararon con mucha fuerza durante el último año, el acuerdo todavía no se ha concretado. “Podría haber novedades en los próximos días, pero por el momento no están cerradas las tratativas”, admite desde España una fuente cercana al grupo ibérico. Distintos son los casos de El Paso Energy (Estados Unidos), la petrolera Total, las compañías de aguas Suez, Aguas de Barcelona, Vivendi e Interagua, que esperan un laudo. “Se espera que alguno de estos casos termine sentando precedente”, afirma un abogado de una de las litigantes. Mientras se sigue hablando de la reapertura del canje, existen unos 190.000 tenedores de bonos argentinos que generan un reclamo por u$s 4500 millones y que todavía están en una etapa inicial, en tanto el tribunal tiene que expedirse sobre la jurisdicción. También continúan los procesos de Impregilo –ex accionista de Aguas del Gran Buenos Aires–, EDF, Daimler Financiera y Teinver, sólo por citar algunos. A juzgar por los últimos resultados, la Argentina no tendría demasiado por ganar: el 70% de los fallos del CIADI favorecieron a los inversionistas a través de acuerdos dentro o fuera de la corte. Ejemplos sobran: CMS Gas, ex accionista de TGN, logró una reparación de u$s 133 millones y se convirtió en el primer arbitraje en contra de la Argentina, confirmado luego de la apelación. La estadounidense Azurix obtuvo un fallo firme por u$s 165 millones por la cancelación del contrato de aguas de la provincia de Buenos Aires en 2002. Pero también hubo excepciones a la regla: el CIADI falló a favor del país y rechazó la demanda de Metalpar y Buen Aire por u$s 18 millones –fabricantes de carrocerías a los que se les pesificaron contratos– y la petrolera Wintershall, que tenía permisos de exploración en Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego. Otro punto para el país –aunque más no sea en términos jurídicos– fue por la demanda interpuesta por Thales Spectrum Argentina por u$s 600 millones por la anulación del contrato. En este caso, el CIADI consideró que, como en ese momento la empresa era liderada por un argentino, no entraba en su jurisdicción. En el camino quedaron también, aunque por causas muy diversas, varios reclamos. Telefónica, que había iniciado su causa en 2002 por u$s 2.800 millones, levantó su demanda a cambio de renegociar el cuadro tarifario. Siemens, que había conseguido un primer fallo favorable, y que había iniciado su demanda en los tiempos de De La Rúa, optó por un camino de retirada del CIADI. La apuesta fue crecer con negocios locales. También retiraron sus demandas Pan American Energy, CGE Argentina, Gas Natural, Edesur, Edenor y Pioneer, entre otros. No obstante, el país todavía acumula un número cuanto menos llamativo en el ranking global: el tribunal tiene 125 causas pendientes, de las que una tercera parte son en contra de la Argentina, país que ingresó al tribunal en 1994, por medio de la ley 24.353. Pero no es el único tribunal en el que las causas pendientes todavía resuenan: la Argentina mantiene controversias por su historia económica reciente en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil por u$s 2.000 millones y la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Es que, como dice un conocido constitucionalista local: “En el mundo del derecho, tarde o temprano se pagan las consecuencias del accionar. Y es ahí donde la tan mentada imprevisibilidad jurídica se cuantifica”. Fuente: Cronista.com

 

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