Una Organización No Gubernamental (ONG), reconocida en Tierra del Fuego por sus trabajos referidos a los derechos civiles, anunció, en el 2002, el pedido de juicio político al Fiscal de Estado de la provincia.
La noticia difundida por la Asociación Civil Participación Ciudadana fue reproducida por todos los medios locales. En diciembre de 2011, un tribunal de primera instancia condenó a la ONG a pagarle 10 mil pesos de indemnización por el daño moral que le ocasionara al funcionario.
Más tarde, Participación Ciudadana decidió apelar la determinación. Un año después, la condena de primera instancia fue revocada por la Cámara de Apelaciones de la provincia.
“Nosotros no dijimos ningún agravio, ninguna de las expresiones fue un agravio. Hicimos uso del derecho de peticionar a las autoridades. Hicimos una crítica funcional, no personal”, manifiesta Guillermo Worman, integrante de la ONG, y remarca que “el fallo de la Cámara es protectivo de la libertad de expresión”.
Para emitir el fallo, los jueces de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones revisaron todo el material periodístico reproducido y concluyeron que del “cúmulo de notas reproducidas no surge que la demandada pudiera haber ofendido al actor”.
Asimismo, en la sentencia de la Cámara se afirma que el fallo de primera instancia “negó el derecho a la libertad de expresión, contrariando el alcance y contenido que se le debe asignar a éste en virtud de lo dispuesto en las normas internacionales y estándares jurisprudenciales en la materia”.
Por su parte, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre presentó un recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia tome la causa.
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