Durante los últimos meses fueron presentados en el Congreso varios proyectos que buscan dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuatro años atrás en la causa Badaro, donde determinó que debía existir un mecanismo de ajuste de los haberes de todos los jubilados y pensionados desde enero de 2002, con el fin de compensar los efectos de la inflación.
Si bien durante varios años hubo incrementos en el haber mínimo jubilatorio, algunos pasivos no recibieron mejoras en sus beneficios, mientras que otros tuvieron mejoras insuficientes en función del aumento del costo de vida, por lo cual en el Congreso fueron presentados durante los últimos meses, varios proyectos de ley, principalmente por legisladores de la oposición, cuya principal finalidad consiste en lograr la integración de una comisión para analizar y proponer una reforma integral del sistema.
Luego del fallo Badaro, como no fue dictada una nueva normativa para corregir dicha situación, aumentó de manera significativa la cantidad de litigios contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), existiendo al menos tres proyectos de ley para solucionar dicha situación.
Tales iniciativas que postulan la corrección de los haberes jubilatorios actuales, sostienen que las mejoras en los activos de los jubilados podrían verse mejoradas gracias a los recursos con los que cuenta el Estado por los fondos heredados del sistema de capitalización, los cuales se encuentran dando utilidades.
El bloque de la Coalición Cívica presentó una iniciativa que contempla que se vuelvan a calcular los ingresos de inicio de quienes hoy se encuentran jubilados, actualizando el valor de los salarios de los últimos diez años trabajados que se toman en cuenta para efectuar esa estimación, proponiendo la aplicación de un índice de movilidad en base a la evolución de los salarios, a la vez que propone que la jubilación mínima sea equivalente al salario mínimo, vital y móvil.
Por su parte, el sector de la Unión Cívica Radical presentó una iniciativa para corregir los ingresos del sector pasivo aplicando para ello los ajustes por movilidad que dispuso el fallo Badaro.
Desde el oficialismo, el legislador Díaz Roig, presentó una iniciativa para que los juicios de los jubilados puedan tener un procedimiento sumarísimo.
Por otro lado, en varios proyectos sobre la modificación del sistema previsional se contempla la situación de los desocupados que ya tienen 30 años de aportes, pero que aún le faltan cinco años para cumplir con la edad jubilatoria establecida en 65 años para los varones y en 60 para las mujeres.
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