En esta oportunidad fue el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) a través de un comunicado de prensa en el que remarcó algunas diferencias con la iniciativa.
La entidad conducida por Jorge Rizzo manifestó que “la jurisprudencia no se tendrá en cuenta para la resolución de un caso sino que deberá ser la interpretación de la voluntad del legislador que haga cada juez ante un caso en estudio".
El comunicado también reafirma que a través de la iniciativa se busca reducir al mínimo la injerencia del juez ya que no podrá basarse en soluciones jurídicas análogas sino que deberá fundarse en lo que cree que quiso decir el legislador.
Otro de los puntos cuestionados por el Colegio respecto del proyecto de Código Civil y Comercial Unificado fue la incorporación del concepto de la función social de la propiedad. “La redacción del nuevo art. 15 nada dice sobra la definición de la "función social" puesto que limita su disposición frente a las obligaciones que establece la ley con fines del bien común", manifestó.
"Si bien la función social de la propiedad está prevista en los pactos internacionales a los que ha adherido la Argentina, es de destacar que dichos instrumentos son de carácter general y sirven de piedra basal a legislaciones internas como el Código que estamos tratando. Si la legislación interna es tan vaga y ambigua, los habitantes no tienen reglas claras de sujeción para desarrollar los actos de su vida civil en los términos que determina la Constitución Nacional", culmina el comunicado.
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