Declaración Publica del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

La reciente  resolución del defensor general de la ciudad de Buenos Aires, doctor Mario J. Kestelboim, designando como adjunto penal y contravencional al doctor Roberto Gallardo, actual juez en lo Contencioso Administrativo porteño, reviste una inusitada gravedad institucional.

Los argumentos que la fundamentan no son tan sólo la expresión circunstancial de un criterio polémico con el que se pueda disentir, o, incluso, la exteriorización de desvíos al ordenamiento jurídico que la misma resolución contiene. Ante todo y allí radica la gravedad substancial de la cuestión, exteriorizan la sobreactuada pretensión de consagrar la militancia en el ámbito judicial. Se intenta sojuzgar a la administración de justicia a través del activismo judicial que de cauce al ideologizado relato político que lo anima. No se advierte sino que otro sentido pueda tener , entre otras,  la menciónque el designado defensor interino “asuma con adecuada dinámica y experiencia la tarea de comprender e intentar neutralizar los progresivos esfuerzos del Poder Ejecutivo de esta ciudad de criminalizar la protesta social y la pobreza”.

Tal mandato, más propio de un manifiesto político que de la designación de un funcionario judicial, colisiona con la ley que rige las funciones de la Defensoría General, en tanto el Ministerio Público debe ejercer la defensa del interés social, de modo imparcial, observando los principios de legalidad y unidad de actuación. Asimismo es inadmisible que la resolución denuncie que, en los últimos meses, ha recrudecido la persecución penal de vendedores de baratijas, limpiavidrios, guardacoches y el uso indiscriminado del tipo penal de la usurpación. La sola proyección de esa inaudita propuesta programática pone al descubierto a los habitantes de la ciudad frente al avance de infractores cuya impune tutela se pretende auspiciar desde ese ámbito oficial.

A su vez tal designación excede  las atribuciones del defensor general que busca evitar el concurso público que la ley exige para cubrir dicho cargo. Sin embargo el cuadro de situación se completa con la inconsistencia del régimen vigente en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad para la subrogancia de jueces. De admitir ese cuerpo la licencia como juez contencioso administrativo solicitada por el doctor Gallardo, la jueza Liberatori pasará a tener  a su cargo un total de cuatro de los quince juzgados de ese fuero.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires al tiempo de requerir al Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad a que insten los mecanismos legales  conducentes para la asignación de las responsabilidades políticas que correspondanante esta grave situación y evitar así un mayor deterioro en la calidad de sus instituciones,  exhorta al Consejo de la Magistratura de laCiudada no ser partícipe de las irregularidades institucionales a que pueda dar lugar la situación y a consagrar prontamente la sanción de un régimen de subrogancias y de turnosde los magistrados que consagre la transparencia en el funcionamiento de la judicatura.

El Directorio