A pesar del absoluto silencio que se autoimpusieron los principales caciques sindicales tras la detención del líder de los bancarios Juan José Zanola, el avance de la investigación judicial por la causa de los medicamentos adulterados se convirtió en las últimas horas en un verdadero fantasma que parece amenazar a la primera línea de la CGT. Y no es para menos: ayer, en medio de las versiones que mencionaron que otros gremialistas podrían terminar presos como Zanola, el fiscal de la causa Luis Comparatore confirmó que hasta el propio gremio de Camioneros, que conduce el jefe de la CGT Hugo Moyano, está “bajo sospecha” por los delitos de distribución de remedios falsificados y presuntas maniobras fraudulentas para cobrar subsidios del Estado por servicios médicos nunca otorgados a los afiliados. Las declaraciones de Comparatore blanquearon un rumor que desde la detención de Zanola trascendió con fuerza en los pasillos de Tribunales en el sentido de que el juez federal Norberto Oyarbide, quien lleva adelante la causa, tendría en la mira a por lo menos medio centenar de obras sociales, entre ellas la de los Camioneros, que podrían estar involucradas en las mismas maniobras que imputó al jefe de los bancarios. “Camioneros está en la lista” de obras sociales que son investigadas, dijo ayer el fiscal y explicó que se encuentra en “estado de sospecha” por su supuesta participación “directa o indirecta” en los delitos investigados. Incluso, el fiscal fue un poco más allá y anticipó que en los próximos días “va a haber novedades” respecto de la situación de las obras sociales presuntamente involucradas. La confirmación de las sospechas judiciales que pesan contra Camioneros se produjo apenas horas después de que el jefe de la CGT retornó al país luego de integrar la comitiva oficial que acompañó a la presidenta Cristina Fernández en su visita al Vaticano y Portugal. Sin embargo, desde el entorno de Moyano minimizaron las sospechas en su contra y aseguraron que la obra social del gremio jamás contrató a las droguerías investigadas por la Justicia por la provisión de remedios adulterados. “Hay un intento de poner a todos en la misma bolsa y castigarnos. Pueden investigar todo lo que quieran pero no van a encontrar nada raro”, afirmaron cerca del camionero. A la par que los dichos de Comparatore dispararon la preocupación de varios gremios, el juez Oyarbide tomó ayer declaración indagatoria a Zanola, quien negó ser integrante de una asociación ilícita que comercializaba medicamentos adulterados o falsos y rechazó contestar otras preguntas del magistrado, como sus vínculos con Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier. Según confiaron voceros judiciales, el líder de La Bancaria se limitó a declarar su inocencia pero evitó brindar cualquier otro testimonio, situación por la cual en Tribunales afirmaban anoche que seguirá detenido. Oyarbide también indagó ayer a la esposa de Zanola, Paula Aballay, y a otra decena de acusados en la investigación. Para hoy está previsto que el magistrado interrogue a Alberto Costa, el ex funcionario de la administración de Daniel Scioli que se entregó el martes a la Justicia. En tanto, ayer también fue detenida Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza uno de los asesinado en el denominado “triple crimen” de General Rodríguez. Según explicó Comparatore, la mujer fue detenida por nuevas escuchas telefónicas que revelaron que “siguió operando en el negocio que tenía el ex cónyuge” vinculado a los remedios truchos. Además, el fiscal elevó a Oyarbide un pedido para que cite a indagatoria a Héctor Capaccioli, el ex superintendente de servicios de Salud, por su supuesta responsabilidad en la falta de control de las actividades de las obras sociales sindicales. Fuente: Cronista.com