Un fallo del Tribunal Superior de la provincia de Córdoba había rechazado el pedido de indemnización por parte de una mujer, cuyo marido se suicidó mientras estaba detenido en una unidad de la policía local.
Ahora la Corte Suprema de Justicia decidió revocar el fallo y obligó a la provincia a indemnizar a la demandante. La decisión mayoritaria, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.
El Máximo Tribunal tildó de “arbitraria” la sentencia que consideraba que “no existía nexo de causalidad entre el deceso y el actuar negligente de los agentes policías” y negó la indemnización.
Héctor Romero se suicidó mientras se encontraba en una unidad de la policía local. Según se aclara en el expediente, el hombre padecía ciertos estados depresivos previos a la detención.
En tal sentido, se aclara que la persona “al ser detenido, no fue alojado en el lugar que legalmente correspondía sino en una oficina de la repartición policial, sin custodia y sin habérselo esposado”.
"La Corte ha expresado que si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aun las que persiguen la reinserción social de los detenidos", aclara el dictamen de la Corte.
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