El Tribunal Supremo español declaró al juez Baltasar Garzón culpable por vulnerar el derecho a la defensa por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes.
De esta manera, el magistrado fue condenado a 11 años de inhabilitación profesional a raíz de la orden dada, la cual permitía realizar escuchas ilegales a presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP), que actualmente gobierna España.
El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (suspendido de sus funciones desde 2010) fue sentenciado por unanimidad de los siete magistrados del alto tribunal. Así, se supone una “pérdida definitiva” de la condición de juez para el español de 56 años.
La sentencia del Tribunal Supremo sostiene que Garzón ordenó las grabaciones “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. Por su parte, Garzón había defendido su decisión alegando que intentó evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
Además de la presente sentencia, el magistrado está imputado en otras dos causas en España. Una es por tratar de investigar los crímenes del franquismo y otra por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Nueva York.
Por su parte, Garzón rechazó “frontalmente” la sentencia y aseguró, a través de un comunicado, que la decisión no se ajusta al derecho y que fue condenado “de forma injusta y predeterminada”. También, afirmó que “en este trabajo siempre he cumplido con rigor las normas” y no dudó en afirmar que sus derechos han sido sistemáticamente violentados.
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