El Ministerio de Economía y le Banco Central tienen los sistemas administrativos ajustados esperando la decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña que desde hoy está en condiciones de liberar la utilización de u$s 6.559 millones de las reservas internacionales para constituir el Fondo del Bicentenario que se utilizará para pagar los vencimientos de la deuda pública de este año. En el Gobierno existía el convencimiento de que la Cámara se pronunciará sin demoras aceptando el recurso del procurado del Tesoro, Joaquín Da Rocha, en la causa planteada por legisladores del PRO y de la Coalición Cívica que frenaron la utilización de las reservas. De todas maneras, existe una causa paralela impulsada por la UCR, que ayer recusó a los tres jueces de la Sala IV en un intento por demorar el pronunciamiento judicial, que podría ser utilizado por la Cámara para estirar el pronunciamiento. Los tiempos parecen jugar en contra del oficialismo, por las dificultades que encuentra para respaldar en el Congreso el DNU que dictó la presidenta Cristina Fernández afectando las reservas. Con el apoyo de una sola cámara el decreto cobraría legalidad pero la oposición estaría en condiciones de sesionar el 2 de marzo tanto en Diputados como en Senadores para rechazarlo en ambas cámaras legislativas. El Banco Central –que preside Mercedes Marcó del Pont– tiene listo las decisiones administrativas que permitirán constituir el Fondo del Bicentenario en cuanto reciban la orden judicial. Si eso sucede entre hoy y el próximo lunes, los fondos pasarán a depender de Economía y se convertirá en abstracto el eventual rechazo del Congreso. En el Central no hizo mella la carta de la oposición (ver pág. 3) que advierte que no toque la reserva bajo amenaza de iniciar el proceso de destitución. Hasta el fin de semana, había un alto convencimiento en el oficialismo de que lograrían un triunfo judicial. En ámbitos judiciales ayer se especuló con la posibilidad de un fallo de la Cámara que no libere los fondos sino que traslade toda la responsabilidad a la Corte Suprema de Justicia, donde su presidente Ricardo Lorenzetti se manifestó en contra de la judicialización de la política. En la Justicia, creen que debería ser la Corte la que interprete el alcance de esa declaración al señalar que un pronunciamiento de la Cámara en cualquier sentido, ya sea liberando los recursos como manteniendo el embargo, necesariamente tendrá un impacto político. La preocupación es mayor en el Palacio de Hacienda, donde se considera que la suerte del ministro Amado Boudou está estrechamente ligada a la creación del Fondo. En ámbitos kichneristas se insistió ayer en trazar el paralelo con el despido de Martín Loustou tras el fracaso de la Resolución 125 que intentó establecer las retenciones móviles. En Economía están decididamente jugados a la creación del Fondo y se niegan a hablar de planes alternativos, como el que trascendió este fin de semana que significaría obligar al Central a aportar en pesos al Tesoro una suma equivalente, como concepto de ganancias contables del año pasado. En el equipo de Boudou garantizan que con operaciones intrasector público y la posibilidad de pagar a organismos internacionales con reservas, tienen cubierto los vencimientos del año. Pero cerca de Néstor Kirchner creen que el ministro tendrá que pagar con su renuncia la derrota La UCR – a través de los legisladores radicales, Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales– pidió el apartamiento de los camaristas Jorge Morán, Sergio Fernández y Luís María Márquez por las informaciones periodísticas que dieron cuanta de que resolverán librando las reservas. La presentación intenta demorar por algunos días la resolución de la Cámara. “Consideramos que (la Sala IV) debería analizar la posibilidad de apartarse del conocimiento de esta causa, por razones de decoro o delicadeza, pues las serias imputaciones que se han efectuado colocan un manto de sospecha que la excusación seguramente despejará”, plantearon. Fuente: Cronista.com