Por Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
 
Una vez más el escándalo se apoderó del Consejo de la Magistratura de la Nación y, de manera recurrente, la crónica se hace eco del Concurso 140 conocido por su historia de irregularidades con candidatos sospechados de haberse " copiado" y haber " comprado" los examenes.  
 
Esto es particularmente grave ya  que su objeto es cubrir cargos de Jueces Federales penales cuya competencia refiere a la potestad de investigar causas sensibles al Gobierno.
 
Ya el año 2008 el entonces presidente del Colegio, doctor Enrique del Carril, debió alertar públicamente que fue impedido de hacer uso de la palabra en la sesión plenaria de ese órgano para sostener la postura tendiente a derogar una resolución que -sin el quórum legal y a instancias de los diputados Conti y Kunkel- había resuelto anular  la primera version del  concurso 140. Dicha anulación tendía a evitar que accedieran a esos cargos quienes fueron calificados con las notas más altas por no ser del agrado del Gobierno. Por maniobras y demoras del propio organismo, a aquella fecha el trámite venía demorado en más de tres años que luego se prolongó otros tantos hasta llegar al presente.
 
Hoy la situación es diferente en su causalidad aún cuando en la práctica replica el común denominador del bochorno.
 
En esta oportunidad los cultores de esa conducta han sido el consejero representante de la abogacía de la Capital Federal, Alejandro Fargosi y el de los jueces del interior del país, Alejandro Sánchez Freytes. Ambos, por disimiles circunstancias, cobijándose en el inaceptable fundamento del mal menor pero con similares  motivaciones  vinculadas a la digitacion del nombramiento de candidatos politicamente influenciables,   convalidaron  con su voto  la  estrategia del oficialismo en ese concurso , y admitieron así que se eleve la terna de jueces federales al Poder Ejecutivo que  incluye -entre otros- al menos uno  especialmente cuestionado por su carencia de idoneidad y reconocidos vínculos políticos con el poder de turno.
 
Un Consejo de la Magistratura eficaz y transparente no  deberia  siquiera  aceptar el considerar la disyuntiva de negociar políticamente la admisión de un candidato reprochable,  aun cuando   fuere uno solo. La razón de ser del organismo es elegir los más aptos para el ejercicio de esa alta magistratura y no la de negociar políticamente entre facciones.   
 
Lo ocurrido es lamentable y confirma el recurrente manoseo politico de una institucion como el Consejo de la Magistratura que no cumple con su deber de proteger la independencia de los jueces.
 
Es ineludible que el Consejo de la Magistratura de la Nación debe reformarse afianzando la idea de que este sea un órgano técnico, no político. De integración equilibrada en los estamentos allí representados.  
 
El componente político en la designación de magistrados  deberia limitarse a la selección que hace el Poder Ejecutivo de la terna propuesta de los mejores candidatos por el Consejo de la Magistratura y en el ulterior acuerdo del Senado. El régimen vigente del Consejo de la Magistratura, en varios aspectos, lesiona la Constitución Nacional y así  se espera lo declare la Justicia en la acción que nuestro Colegio de Abogados lleva adelante ante el fuero federal.
 
Por  estas razones,  el COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES manifiesta su más contundente rechazo a la conducta  del representante de la abogacía de la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que  viola  el mandato que le fuese conferido de bregar por  la  independencia del Poder Judicial y solicita su renuncia al cargo que ocupa.