Debido a las deficiencias en los servicios que presentan las empresas de telefonía móvil y los reiterados problemas que denuncian los usuarios de ese tipo de tecnología cada vez son más los que consideran que una posible solución al problema sería declarar a la telefonía celular como un servicio público; esto es, que tengala misma categoría que los servicios de electricidad, gas, telefonía fija, agua y desagües cloacales". Cuáles son las propuestas las propuestas que hay en danza.

La principal proposición sobre el tema la hizo el senador socialista Rubén Giustiniani en el Senado de la Nación. El objetivo de su proyecto de ley, rotulado bajo el número de expediente Nº 0524-S-2014, es el de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, y asegurar la fijación de tarifas máximas que resulten justas y razonables en relación con el servicio prestado, y teniendo en cuenta el costo de la prestación y el derecho de las empresas a una utilidad razonable similar a la obtenida internacionalmente por tales servicios, la adecuada calidad de los servicios prestados y la seguridad del usuario en su utilización.

A su vez, el plan del santafesino prevé la creación de un Ente Regular de Telefonía Móvil como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional con autarquía, y que los miembros del directorio sean elegidos por concurso público de antecedentes.  “No hay razones para que la telefonía móvil no sea un servicio público”, asegura Giustiniani a la hora de fundamentar el texto, y agrega: “Es un servicio que no tiene prácticamente control, entonces las empresas hacen lo que mejor saben hacer: ganar dinero”.

También se plantean otras medidas para regular el servicio: prohibir la modificación unilateral del contrato de servicio, que implique el cobro de costos adicionales derivados  de actualización tecnológica. Y obliga a las empresas a tomar las medidas necesarias para que los servicios sean prestados en condiciones que garanticen su continuidad, calidad, seguridad y protección del medio ambiente, y a contar con capacidad técnica y financiera para la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado.

Respecto de las tarifas, se prohíbe su ajuste automático. Estas sólo podrán ser alteradas teniendo en consideración los costos reales previstos, y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas, y previa audiencia pública obligatoria con estudio de costos e informe de una consultora independiente sobre la razonabilidad de la modificación de las tarifas.

Los datos estadísticos que justifican este proyecto surgen de un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) que indicó que la cantidad de líneas de telefonía móvil instaladas alcanzó los 44,4 millones en 2009, un 18,5% más que igual mes de 2007.

El documento aclaró que parte de las líneas instaladas no están en servicio a raíz de cambios en la tecnología de los aparatos, por lo que calculó que las líneas efectivamente en funcionamiento oscilan entre 35 y 37 millones. Si se toma la estimación de las líneas efectivamente en servicio, la cobertura se ubicaría en cerca de 93 por cada 100 habitantes, aunque Giustiniani aclara: “debe tenerse en cuenta que ha crecido el número de aparatos y el de personas que poseen más de un aparato”.

En la Cámara de Diputados hay, en tanto, cinco propuestas con estado parlamentario. Entre ellos se destacan las presentadas por la aliada al gobierno nacional Alicia Comelli, del Movimiento Popular Neuquino, y el de la macrista Gladys González.

Los dos textos tienen la misma aspiración: que la telefonía móvil sea declarada un servicio público, con el propósito de que el Estado pueda ejercer un control más efectivo sobre las empresas prestadoras del servicio.

En tanto, el control por parte de los organismos oficiales de la calidad del servicio, la prohibición de aumentos tarifarios unilaterales y las sanciones por incumplimientos, son algunos de los aspectos compartidos por ambos proyectos de ley.

Por su parte, Comelli sostiene en su texto, archivado con el número 0815-D-2014, que en la actualidad la telefonía celular “ya no es un bien suntuoso, sino un bien de necesidad obligado para la mayoría de los ciudadanos”.

Entre las herramientas fundamentales que requeriría el Estado para controlar a las empresas, la neuquina menciona un mecanismo de fijación de tarifas previa audiencia pública en la que deberán ser invitadas a participar las empresas concesionarias y las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente registradas y la obligación por parte de las compañías de presentar sus planes de inversión y optimización de los servicios.

En la misma línea se expresa el proyecto de la diputada del PRO Gladys González, quien además de solicitar la declaración como servicio público a la telefonía móvil, lo hace extensivo para los servicios de internet.

El texto, ingresado como el expediente número 0668-D-2014, también fija la prohibición de manera expresa de modificar las tarifas “de manera unilateral” por las empresas prestatarias.

En tanto, incluye un marco sancionatorio para las mismas que va desde un apercibimiento hasta la inhabilitación temporal o definitiva del permiso otorgado al prestador.