En el marco de una causa que se había iniciado a raíz de una acción de amparo presentada en marzo pasado por el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, donde reclamaba el acceso a la información pública ante la negativa del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido a entregarle datos sobre la concesión del Ferrocarril Belgrano Cargas, la Justicia Federal determinó que la AGN quedó habilitada para recurrir a la vía legal cada vez que el Ejecutivo le niegue información para ser controlado.
En el fallo, la Justicia Federal le reconoció a la AGN legitimidad para hacer presentaciones judiciales cada vez que el gobierno se resista a brindar información requerida para llevar a cabo informes de control, lo que según informan desde la AGN, ocurre con bastante frecuencia.
De acuerdo a lo que consta en las actas de reuniones, el titular de la AGN explicó ante sus pares sobre el dictamen de la Jueza Federal María José Sarmiento que “fue sobre una situación bien concreta, que es una solicitud de información a raíz de la cual la información que recibimos es que el expediente había desaparecido, y que a raíz de nuestra presentación se realizaría un sumario”, agregando a ello que “al mismo tiempo se condena al Estado, por las costas, ya que no se habían articulado los mecanismos previamente ni se habían informado en forma adecuada a la Auditoría, que estaban realizando la auditoría sobre el Belgrano Cargas, por la pérdida de esos expedientes”.
Tras dicho precedente, la AGN tiene planeado recurrir a la vía judicial a fin de obtener de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) todos los informes respecto a las investigaciones que se realizaron durante el 2009, debido a que dicho organismo se había negado a entregar tales documentos, los que hacen referencia a un informe de la Sigen sobre el funcionamiento de los ministerios de Planificación, Economía, sobre la Unidad Presidencia, la Cancillería y el Indec.
En relación a ello, en un comunicado emitido la semana pasada, el síndico Daniel Reposo hizo referencia al rechazar los pedidos, sobre “garantizar el respeto de los principios de protección de datos personales para salvaguardia de los intereses de la sociedad”.
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