Durante la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces, fue presentado un proyecto de ley que con el fin de fortalecer la independencia judicial, el cual busca garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
A diferencia de lo que ocurre en la actualidad donde la ley establece que la Corte luego de elaborar el proyecto de ley de presupuesto lo envía al Poder Ejecutivo, para que este luego lo dirija al Congreso, la iniciativa dispone que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien prepare y envíe directamente al Congreso y al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial.
Tal medida pretende agilizar la gestión presupuestaria, señalando la iniciativa en los considerandos en relación a este tema que “la autonomía presupuestaria significa que el Poder Judicial tenga relación directa con el Congreso de la Nación en la presentación de su presupuesto, en su discusión, y, luego de su aprobación, en todo lo atinente a su implementación”.
Por otro lado, la iniciativa también contempla concederle al Máximo Tribunal la facultad para realizar reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias dentro de la suma total correspondiente a la Justicia en el Presupuesto General de la Administración Nacional.
El proyecto, fundamenta en los considerandos que tales modificaciones “permitirán ampliar los alcances de la autarquía judicial, para darle un real significado y dar efectividad al desempeño del Poder Judicial en el contexto de un real equilibrio de poderes, necesario para acentuar la vigencia del Estado de Derecho y, con él, la de los Derechos Humanos”.
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