El año judicial va encaminado a un nuevo pico en materia de procesos previsionales. Según un relevamiento divulgado por la Cámara de la Seguridad Social, durante los primeros 10 meses de 2012 un total de 74.731 demandas de jubilados ingresaron en los 10 juzgados correspondientes, un promedio de poco más de 8 mil demandas mensuales, mientas la ANSeS dilata el cobro de sentencias apelando fallos favorables, no importa que se hubiera comprometido a abandonar su estrategia.

“Es un número elevado”, afirma el abogado previsional Sergio Armesto. “Si bien bajó un poco la cantidad con respecto al año pasado, sigue siendo una vía de reclamo para muchos jubilados que, inclusive, cobran más que la mínima. Pero mientras haya juzgados que sigan acéfalos y no cese de incrementarse las demandas, habrá riesgo de colapso. Había un proyecto de crear nuevos juzgados pero no avanza.”, concluye una de las cabezas legales del estudio  Pérez-Armesto.

Siguiendo la tendencia de la última década, el grueso de las presentaciones judiciales son por reajuste de haberes. Entre 2002 y 2011 se duplicaron el número de expedientes iniciados por reajustes previsionales civiles, desde los 19.059 registrados a comienzo de la década hasta los 41.912 del año pasado. Y mientras el período 2004 registró el menor número (10.802 expedientes), desde entonces la tendencia ha escalado hasta el récord, por ahora, de 2011.

“En general los jubilados se resisten a iniciar juicios. Pero cuando salen fallos que trascienden —caso “Badaro” o “Elliff”—, muchos se ven motivados. Ahora se ha estabilizado la cantidad y los juzgados han incrementado su producción, encuentran formas de tramitar las cosas más rápido, presionados por el peso de los expedientes. Literalmente por su ‘peso’  ya que debieron ser trasladados al subsuelo para no poner en riesgo la estructura edilicia”, comenta el previsionalista Guillermo Jáuregui.

Y añade: “Fuera de las 40 mil causas sobre las 80 mil existentes que versan sobre reajustes de haberes de civiles, el resto contempla un abanico de situaciones, desde haberes de militares hasta temas de aportes con la AFIP y cuestiones sobre invalidez y pensiones”.

No Pagar

Desde la ANSeS, la estrategia de apelar los fallos favorables a los demandantes y obligando a cada nuevo reclamo a iniciar su curso legal de forma independiente al resto, lleva al número de expedientes en la Cámara al récord de 113.846. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya intimado al organismo previsional para que discrimine, en un informe, cuántos  reclamos tienen por origen un ajuste de haber inicial, sea por el motivo que sea; qué demora se registra en saldar los fallos y cuál es su presupuesto para afrontar las sentencias.

Para Diego Bossio, titular del organismo, generalizar las disposiciones de los casos “Badaro” y “Elliff” derivaría en un “riesgo institucional” para la ANSeS por el elevado coste de las sentencias: 35.136 millones de pesos anuales y unos 71 mil millones en carácter retroactivo, pagaderos por única vez, acorde al documento de 250 páginas que el organismo entregó a los jueces del Máximo Tribunal el 7 de julio pasado.

La interpretación judicial es que la jubilación es un “salario” que debe ser actualizado en forma proporcional a los sueldos de los activos. En el fallo “Badaro”, de agosto de 2006, el Tribunal Supremo entendió que los haberes previsionales debieron ser incrementados hasta un 88,6 por ciento entre 2002 y 2006, durante el primer lustro post devaluación. Mientas que en la causa “Elliff”, en agosto de 2009, volvieron a expedirse a favor de una actualización.

 “Los juicios los encaminan los mayores de 70. En mi caso, un promedio de los fallos favorables rondan los 75 a 80 años. O sea que estamos hablando de un proceso que está tomando entre 6 y 7 años para llegar a sentencia”, describe Armesto. Por supuesto, no todos llegan con vida al momento de la sentencia. Menos aún, a la hora de efectivizar finalmente el pago. “Los montos grandes no son tan fáciles de cobrar porque hay una orden de prelación en la ANSeS por la cual cobran primero los montos más bajos, luego los de mayor edad y, finalmente, quienes tengan expedientes de mayor antigüedad”, completa Jauregui.

¿Es posible una acción colectiva? La Defensoría del Pueblo de la Nación promovió un amparo para que la Corte, mediante un fallo único, beneficie a todos los jubilados con reclamos semejantes. Pero los abogados desconfían de la viabilidad de esta vía a través de una acción de clase.

“No creo que dé lugar a esta presentación con un juicio que sea aplicable a todo el mundo porque, en realidad, cada jubilado tiene una situación distinta, por ley, por el momento que cesó, por el monto del haber, por 30 mil factores.”,esgrime Jáuregui. Y Armesto coincide aunque arguye otras motivaciones: “Se trata de una cuestión política. El gobierno podría resolver primero todas las causas que tienen para liquidar, unas 20 mil en total, y sin embargo no lo hace, sigue demorando el trámite.” En el medio, los jubilados y sus abogados.