El 10 de diciembre de 2015 el rumbo de Argentina parecía torcerse una vez más. Atrás quedaban 12 años al menos "diferentes" en cuanto a la actuación de los organismos multilaterales y bilaterales de crédito en el sector privado de nuestro país, y todo hacía pensar con más optimismo en un resurgimiento de esta importante fuente de financiamiento.

Los organismos multilaterales y bilaterales de crédito tienen un rol trascendente, a veces poco conocido, en el sector privado de los países en desarrollo. Mientras los organismos centrales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo ponen el foco en el sector público de sus miembros, sus entidades especializadas (como Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial o BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo), junto con agencias de desarrollo y crédito a la exportación (DEG, FMO, IFU, ExIm Bank, entre otras), dirigen su asistencia al sector privado de esos países, movilizando recursos propios y de terceros y viabilizando desde pequeños proyectos o start-ups hasta grandes obras de infraestructura, hoy mayormente estructuradas en base a PPPs (Programas de Participación Público-Privada). Estos players habían perdido el apetito por inversiones argentinas, observando un mercado tan inestable e influenciado por el devenir político impredecible, obstáculo insalvable que determinó una marcada caída de sus inversiones en nuestro sector privado. Si bien algunos organismos mantuvieron sus operaciones y sus representaciones en el país, mayormente orientadas al mantenimiento de las carteras existentes o el apoyo a clientes históricos, la tendencia fue la de una fuerte retracción de portfolios.

Para comprender el rol que los organismos juegan en el sector privado hay que diferenciar claramente dos escenarios: un mercado "en problemas" y un mercado "en recuperación". En un mercado fuerte, recuperado, líquido y atractivo para un mayor número de inversores, si bien los llamados DFIs (por su sigla en inglés Development Finance Institutions) son actores importantes para apoyar la iniciativa privada, su principal misión comienza a perder algún sentido. Si un mercado "está en problemas", los organismos serán los primeros en dar señales de apoyo al sector privado para ayudar a movilizar recursos propios y, mediante la extensión a otros inversores de sus prerrogativas y beneficios, de terceros que sin dicha protección no podrían desembarcar en dicho mercado. Asimismo, cuando se apagan las "luces de alarma" y puede empezar a pensarse a mediano y largo plazo, estos inversores ayudarán a consolidar el camino e ir "soltando la mano" en ambos sentidos, es decir, a la iniciativa privada más robusta que puede acceder a mayores y más competitivas fuentes de financiamiento, y al inversor que ya no necesita escudarse detrás de las prerrogativas multilaterales para sentirse "seguro". A modo de ejemplo, instituciones como IFC y BID Invest (en ese entonces Corporación Interamericana de Inversiones) fueron los primeros en dar señales luego de la crisis argentina de 2001 mediante la habilitación de las primeras líneas de pre-financiación y préstamos a mediano plazo asegurados con divisas provenientes de exportaciones. Siguieron otros tipos de financiamiento, incluyendo líneas de crédito a instituciones financieras para el otorgamiento de sub-préstamos a PyMES, o financiación para salud y educación. Pero esa tendencia se ralentizo a partir de 2010, cuando el devenir político de Argentina comenzó a plantear escenarios que tornaban inviable el apoyo multilateral y bilateral. Desde una mayor debilidad contractual a mediano y largo plazo (con escenarios difíciles de predecir, como era entonces el temor a la denominada "pesificación") hasta la influencia que sobre la opinión internacional tenían casos tan sonados como la re-estatización de YPF o la saga de los "holdouts", todo fueron obstáculos a la hora de analizar un pipeline sostenible de inversiones, las cuales fueron menguando significativamente.

La llegada de una nueva administración abrió con optimismo una ventana de oportunidades en lo que además pudo interpretarse como un rol "dual" de los organismos, pues el mercado no necesariamente demandaba "ayuda" multilateral o bilateral (como había ocurrido en 2002) y un sector privado más estable, menos influenciado desde la administración central y más sostenible recurría a la ventana multilateral como plataforma para una expansión sostenible, o para movilizar recursos a gran escala para obras de infraestructura o desarrollo. Esto permitió la aparición de nuevas estructuras de financiamiento, como el denominado financiamiento "verde", que aparecían no solo como productos innovadores sino también como un atractivo adicional para entidades cuya misión es la promoción de energías limpias o proyectos sostenibles. Un mejoramiento notable del clima de negocios hacía pensar en una mayor participación multilateral y bilateral; y las iniciativas PPP terminaron de delinear ese escenario, donde la participación de DFIs resulta crítica dada la gran masa de recursos que dichos proyectos demandan.

Pero de semestre en semestre llegamos a una segunda mitad de 2018 en medio de una fuerte turbulencia que impacta directamente en el financiamiento multilateral y bilateral. No solamente producto de indicadores económicos que no aportan calma, sino mayormente por un escenario dominado por prácticas de corrupción a las que algunas empresas privadas fueron inducidas, y otras parecen haber sido forzadas en años anteriores, pero prácticas de corrupción al fin. Hoy hay gran expectativa porque empresarios privados o servidores públicos vinculados a empresas privadas pueden aparecer en registros y "cuadernos", una hecho que a la hora de pensar en financiamiento multilateral, es decididamente un obstáculo difícil de sortear.

Así, los organismos multilaterales y bilaterales deberán plantear las reglas que deberán observarse en la Argentina de los "cuadernos" y enfocar su misión desde la perspectiva del "apoyo" que permita a las empresas privadas locales sobrevolar la inestabilidad que se avecina. Es indudable que el foco esté puesto desde ahora en un mayor cuidado y detalle en los procesos de due diligence, para detectar prácticas de corrupción, y la redacción de un network contractual lo suficientemente sólido como para aislar una mayor diversidad de riesgos.

Todo ello sin perder de vista la promoción para el acceso de nuevas empresas (más pequeñas y no históricamente "receptoras" de inversión multilateral o bilateral) a esta ventana de financiamiento, vital para las PyMES, apalancándose en proyectos sostenibles a largo plazo, puedan institucionalizar prácticas y pasar a etapas más avanzadas de desarrollo. Además, esas empresas son terreno fértil para el aprovechamiento de recursos que provee el financiamiento multilateral dirigidos al mejoramiento de las prácticas de gobierno corporativo o medio ambientales y sociales.

El replanteamiento de los objetivos del financiamiento multilateral y bilateral, en una tarea integrada entre dichos organismos, la administración central y el sector privado, definirá que modelo de iniciativa privada podrá desarrollarse en los próximos años. Si la respuesta a ese interrogante es una empresa privada sostenible, focalizada en mejores prácticas de gobernanza corporativa, medio ambientales y sociales, no cabe duda que los organismos de crédito tendrán un papel protagónico.