Desde FORES pretendemos contribuir con el fortalecimiento de la Sociedad Civil reafirmando los principios de razonabilidad y prudencia extrema con que deben introducirse reformas en la Justicia.

Para lograr ese objetivo deben transparentarse  las acciones de gobierno vinculadas con la justicia, debiendo asegurarse que las decisiones de gobierno se tomen en base a criterios objetivos que preserven la estabilidad de los jueces y que el sistema de sanciones sea objetivo y aislado de preferencias partidistas o de alianzas políticas.

EL PODER JUDICIAL DA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL. El Poder Judicial no cambia con cada elección. La pertenencia debe ser por mérito y no por afinidades ideológicas.

EL PODER JUDICIAL debe responder a la Constitución y a las leyes que se dicten respetando sus principios.

LOS CAMBIOS INDESEADOS para COLONIZAR A LA JUSTICIA PUEDEN SER:

• en la estructura, organización y en los procedimientos;
• para desplazar magistrados o sustituirlos en forma masiva;
• para sumar jueces en la Corte Suprema, o crear nuevos Juzgados sin la pertinente designación de nuevos jueces.

NOS PREOCUPA

• La ausencia de transparencia y participación de las instituciones especializadas en justicia en la reforma judicial anunciada y aun no explicada por el gobierno.
• La intención del gobierno de promover reformas al sistema de justicia que parecieran enfocadas en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial.
• La persecución de la disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de los derechos individuales.

PROPONEMOS

• Fortalecer el rol de la Sociedad Civil dando participación a los actores especializados en temas de justicia asegurando un amplio espectro ideológico en la convocatoria.
• Transparentar las acciones de gobierno vinculadas con la justicia. Para ello, los funcionarios o asesores deben manifestar bajo juramento en sus intervenciones que no tienen beneficio ni interés, directo o indirecto, en las intervenciones que hagan o promuevan respecto a la Justicia.
• Que los funcionarios públicos y asesores se abstengan de tomar o participar en decisiones cuando tengan beneficios directos o indirectos de las decisiones, haciendo una declaración bajo juramento
• Asegurar que las decisiones de gobierno se tomen en base a criterios objetivos.
• Asegurar que las designaciones judiciales y el sistema de sanciones se encuentren aisladas del sistema partidista o de alianzas políticas.

Por todo ello, FORES ha decidido convocar a prestigiosas personalidades para que asumiendo un importante rol ciudadano, contribuyan al debate público de los objetivos presidenciales planteados en el Decreto 635/2020.

Con ese fin se constituyó el Consejo Consultivo que habrá de dictaminar sobre la reforma judicial lanzada por el Gobierno Nacional. Sus integrantes analizarán, desde una perspectiva técnica y con total independencia, los mismos temas sobre los que trabaja la Comisión designada por el Presidente de la Nación.

A la convocatoria de FORES al día de hoy han adherido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as del Ministerio Publico de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) y las agrupaciones de abogados Bloque Constitucional y Será Justicia.

El Consejo Consultivo lo integran las siguientes personas: Susana Cayuso, Manuel García Mansilla, Miguel Ángel Caminos, Silva Palacio de Caeiro, Alberto Garay, Enrique V. del Carril, Estela Sacristán, Daniel Ostropolsky, Hernán Munilla Lacasa y Héctor M. Chayer, con la coordinación de María Lorena González Tocci.