Si Argentina negociara con los fondos buitre la deuda por un valor superior al ya pactado con los bonistas que sí ingresaron a los canjes, se dispararía la cláusula RUFO (RightonFutureOffers), que es el respaldo legal para los bonistas reestructurados para reclamar ante el país.
Esta cláusula no solo tendría implicancias económicas, sino que también involucraría el ámbito penal. Si se activara la RUFO, funcionarios del Gobierno Nacional podría enfrentar litigios judiciales por “mala praxis”.
De esta manera, la activación de la cláusula tendría como efecto aumentar la carga de deuda que tiene la Argentina, lo que provocaría que algunos funcionarios sean enjuiciados, según sostiene el economista especializado en deuda soberana, Marcelo Etchebarn.
“Lo que el mercado no está tomando en cuenta es que si se activa la cláusula RUFO, cualquier funcionario del gobierno que haya trabajado en este acuerdo, enfrentarán años de juicios penales”, remarcó el especialista.
Cabe señalar que si la negociación con los fondos buitre fracasa, lo que significaría no llegar a un acuerdo por la deuda impaga, el país podría caer en el octavo default de su historia.
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