Por medio de la resolución Nº 100 de la Secretaría de Comunicaciones, el Gobierno Nacional anunció la caducidad de la licencia de Fibertel, operadora que el Grupo Clarín controla a través de Cablevisión.
A pesar de que la medida oficial otorga a la empresa un plazo de 90 días para cumplir con la resolución, desde la compañía anticiparon que irán a la Justicia para que suspenda su aplicación.
Si bien a principio de mes la Comisión Nacional de Comunicaciones le había ordenado a Cablevisión que se abstuviese de ofrecer el servicio a nuevos usuarios, por considerar que “como distribuidora de TV por cable no cuenta con licencia para telecomunicaciones”, en el día de ayer, el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que “Fibertel ya no existe”.
De Vido señaló que los clientes deberán migrar hacia otros operadores, a la vez que acusó al Grupo Clarín de haber violentado las normas legales de telecomunicaciones, por entender que no podía utilizar la licencia de Fibertel debido a que su fusión con Cablevisión había sido realizada sin acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones.
Desde el gobierno argumentaron que la licencia había sido otorgada a Fibertel S.A, empresa que en el año 2003 había sido absorbida por Cablevisión S.A, señalando en relación a ello que “las licencias no se transfieren automáticamente”.
Se estima que en el día de hoy, la Secretaría de Comunicaciones establecerá los pasos que deberán seguir los clientes de Fibertel para cambiar de operador, existiendo alrededor de un millón y medio de usuarios que deberán buscar nuevos prestadores de banda ancha.
Por su parte, desde Cablevisión señalaron por medio de una solicitada publicada en el día de hoy en los diarios, que la medida anunciada por el gobierno era ilegal y arbitraria, a la vez que destacaron que continuarán prestando sus servicios mientras sus abogados presentan un amparo judicial para defender sus derechos y el de sus clientes.
En tal sentido, la empresa señaló que el gobierno busca “impedir la libre elección de Internet”, a la vez que acusó al Gobierno de favorecer sospechosamente a las compañías telefónicas, señalando que “la medida busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”.
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