En los autos caratulados “Roux-Ocefa S.A. s/ Concurso preventivo s/ Incidente de pronto pago”, la concursada apeló la resolución de grado que admitió el pedido de pronto pago por una suma de dinero en concepto de “vacaciones” y “SAC”.
La recurrente alegó que tales rubros no se encontraban expresamente mencionados en el artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Los jueces que componen la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial explicaron que “el art. 16 de la Ley 24.522 (T.O. ley 26.086) siguiendo los términos de sus antecesoras (Ley 23.472 y LCT 266) no supedita el pronto pago a la verificación de crédito en el concurso, ni a la obtención de sentencia en juicio laboral previo”.
En tal sentido, los camaristas añadieron que “el pedido solo puede negarse, total o parcialmente, por resolución fundada en los siguientes supuestos: "que los créditos no surjan de la documentación legal y contable del empleador, o que los créditos resultaren controvertidos o que existan dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de connivencia dolosa entre el trabajador y el concursado"”.
En el fallo dictado el 9 de noviembre del presente año, los Dres. Alejandra Tevez y Rafael Francisco Barreiro precisaron que en el presente caso “no aparece controvertida la legitimidad de las acreencias consignadas en la liquidación sino que el cuestionamiento refiere, como ya se dijo, a los rubros allí comprendidos, concretamente: “Vacaciones” y “Sueldo Anual Complementario””.
Luego de remarcar que “el segundo párrafo del art. 16 de la LCQ delinea cuáles son los conceptos comprendidos dentro del “pronto pago””, la mencionada Sala explicó que “como regla general, cabe apuntar que las acreencias enumeradas deben ser reconocidas con privilegio especial (art. 241, inc. 2) ó general (art. 246, inc. 1)”, dado que “ambas preferencias pueden ser reconocidas en conjunto o en forma alternativa, como se deduce de la utilización de la cópula “o” en el texto de la norma en cuestión”.
Al confirmar la resolución recurrida, el tribunal concluyó que “en tanto a los rubros objetados se les asigna privilegio general (art. 246:1) cabe entenderlos alcanzados por el instituto en examen”, destacando que dicha conclusión “también alcanza a los intereses en la medida que cuenten con privilegio”.
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