Casi como al pasar, el decreto 660 que creó el “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, el 12 de mayo último, invita a las provincias a levantar sus demandas contra el Estado nacional en la Corte Suprema si quieren refinanciar deudas por $ 65.500 millones. Esto podría hacer que muchos distritos se queden afuera del refinanciamiento de obligaciones provinciales, si sus gobernadores no quieren enfrentar posibles juicios por afectar el patrimonio de la provincia.

La normativa, en su artículo 10, nombra al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Es la cartera que conduce Amado Boudou la que debe suscribir con las provincias los convenios bilaterales que contendrán, caso por caso, los compromisos que asumen las partes para la refinanciación. Ese artículo dice que esos convenios “deberán propender a solucionar los conflictos planteados judicialmente entre las partes”.

Esa amistosa propensión se traduce, en los hechos, en una presión para que los gobernadores renuncien a las causas que las provincias llevan adelante ante la Corte. Así lo admitió, en una entrevista con El Cronista, el procurador del Tesoro Joaquín Da Rocha.

Pero aquí empieza el problema. Más allá del compromiso político de los gobernadores y las necesidades financieras reales, renunciar a los juicios implicaría resignar patrimonio provincial. Eso es causa suficiente para que un fiscal de Estado procese penalmente al gobernador que firme sin miramientos.

Este detalle origina no pocos problemas en las provincias más necesitadas, independientemente del arco político al que pertenezcan sus gobiernos, afirmó un funcionario de un distrito importante.

Al menos una quincena de distritos demandaron a la Nación por distintas causas vinculadas a las cajas de jubilación, regalías o el envío de fondos. El Gobierno pretende, por un lado, simplificar el trabajo de la Corte al quitarle causas y, por otro, desligarse de las demandas por las que, de perderlas, debería desembolsar más dinero.

La presidenta Cristina Fernández anunció la refinanciación de deudas el 10 de mayo último. La medida implica un plazo de gracia de un año y medio, hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cual las provincias que suscriban al acuerdo no pagarán amortizaciones de capital ni intereses. A partir de entonces, pagarán sus obligaciones en un plazo de 20 años, a una tasa de interés del 6% anual en pesos, lo que implica una quita efectiva del 40%.

En los diez días siguientes, las provincias manifestaron por escrito su intención de ingresar al programa, para lo que necesitan ahora firmar convenios bilaterales que sean ratificados por las legislaturas.

Una de las provincias más comprometidas es Córdoba, porque el grueso de su deuda pública vence en los próximos tres años. El gobernador Juan Schiaretti fue el impulsor del refinanciamiento anunciado por el Gobierno Nacional. En tanto, mantiene un juicio por $ 1.200 millones en la Corte por una deuda originada en Pacto Federal de 1999, cuando la Nación se comprometió a financiar las cajas previsionales provinciales.

Fuente: Cronista.com