En la comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados, el ministro de Transporte uruguayo, Enrique Pintado, anunció la decisión del Supremo Tribunal Federal del país carioca.
De esta manera, el máximo órgano de justicia de aquella nación resolvió que los 7000 ex trabajadores de Varig, compañía que fuera socia de Pluna entre 1995 y 2006, no podrán reclamarle deudas al Estado Uruguayo por la disolución de la aerolínea.
No obstante, el Supremo Tribunal condenó al Estado norteño a pagar una indemnización a la aerolínea Varig, quebrada en 2006, por las pérdidas que le generó la congelación de las tarifas entre 1985 y 1992. Esta sanción podría llegar a los 6 mil millones de dólares.
En una primera instancia, apenas dos semanas a cargo de que el Estado uruguayo se hiciera cargo de la gestión de Pluna, la justicia de Brasil le daba la razón a dos trabajadores de Varig por un monto de 500 mil dólares –cada uno- contra Pluna, tras un cambio en la interpretación de la quiebra empresarial.
Esta decisión no conformaba un problema importante para Uruguay, pero sí abría la puerta para que 7000 potencias demandas del resto de los trabajadores ingresaran a la justicia, con un costo potencia de 3500 millones de dólares.
Con esta determinación adoptada en un primer momento, Pluna SA corría el riesgo de que cualquiera de sus aeronaves que viajara a Brasil fuera confiscada por las autoridades como garantía de pago.
Con el fallo del Supremo Tribunal Federal, el gobierno de José Mujica se aleja de la posibilidad de reclamos y confiscaciones, ya que, según la resolución, con Pluna liquidada, es Varig la que debe responder al reclamo de sus trabajadores.
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