La firma legal chilena Carey ha sido clave en la estructuración e implementación del primer Contrato de Impacto Social (CIS) en Chile, un innovador mecanismo que involucra la participación de entidades públicas y privadas para abordar el ausentismo escolar en colegios a lo largo del país y fomentar la asistencia de sus estudiantes.
El proyecto, valioso en aproximadamente 840 mil dólares, significó un hito al adaptar la estructura de los CIS del Reino Unido a la realidad chilena, que carece de facilidades legales específicas para esta iniciativa. Esta tarea demandó un minucioso análisis legal que involucró tanto el ámbito privado como público, incluyendo por primera vez al Gobierno a través del Gobierno Regional Metropolitano (GORE).
La implementación del CIS requirió diseñar una estructura legal innovadora que permitiera el financiamiento, coordinación, evaluación e implementación del programa educativo. Los contratos complejos con estructuras interconectadas fueron preparados con enfoque práctico para asegurar resultados financieros atractivos.
En esta colaboración pionera participaron Corporación Bien Público como coordinador, junto con las fundaciones: Fundación San Carlos de Maipo, Fundación Gabriel y Mary Mustakis, Fundación Reinaldo Solari M., Fundación de Beneficencia Pública Olivo y Fundación Angelini, así como el Gobierno Regional Metropolitano (GORE).
Además, el "Fondo de Inversión con Impacto en Educación" administrado por Larraín Vial Asset Management se unió al proyecto como inversionista, mientras que Colegium SpA actuó como evaluador independiente de los resultados generados y Fundación Educacional Programa Presente como proveedor de servicios del programa.
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