En los últimos meses, fueron fuertes los rumores sobre el inminente dictado de nueva normativa que fijaría una reglamentación más restrictiva al comercio exterior de granos.  La idea de reeditar la Junta Nacional de Granos siempre está latente y algunas medidas dictadas en los últimos meses, o que están en estudio por estos días, van en esa misma línea.

Tal es así que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó hace poco más de un mes un Régimen de Registración Sistemática de Movimientos y Existencia de Granos. Con esta medida se busca “consolidar la captación” de la información de la comercialización y manejo físico” de los granos con su “consiguiente reflejo tributario”.

Se trata de un registro digital a través del sitio web de la AFIP, que se aplica a los granos no destinados a la siembra —cereales y oleaginosos— y legumbres secas —porotos, arvejas y lentejas—. A través de este nuevo sistema, reglado en la Resolución General Nº 3593 publicada en el Boletín Oficial, la AFIP ejercerá entonces un mayor control sobre los operadores de granos, que deberán responder a un “Código de Trazabilidad”.

Según este régimen de registración, la información a suministrar a los organismos de control será la existencia inicial de granos, identificada por cada planta habilitada por el Ministerio de Agricultura de la Nación: grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece.

También deberá consignarse la existencia de granos a la hora cero del día correspondiente al inicio de actividades, y los ingresos o salidas emitidas por la recepción o emisión de Carta de Porte ferroviarias, conocimientos de embarque o remitos.

En tanto, este decreto le da la facultad a la AFIP de “modificar las existencias de granos por cada planta habilitada y campaña involucrada de acuerdo con la información suministrada” o cuando “la misma no responda a la realidad económica del responsable”.

Asímismo, el documento hace un repaso taxativo de los sujetos comprendidos por la norma: acopiadores-consignatarios, acopiadores de maní y legumbres, compradores de granos para consumo propio, desmotadores de algodón, industriales aceiteros, del biocombustible, balanceadores, cerveceros, destileros, arroceros y molinos de harina de trigo. También son alcanzados por el decreto los seleccionadores, acondicionadores, explotadores de depósitos o elevadores de granos, fraccionadores y los complejos industriales.

No obstante esta medida, un grupo de legisladores pidió al gobierno una mayor intervención pública en el comercio de granos. Tal es así que, pese a que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, descartara la reedición de la Junta Nacional de Granos, creada en 1933 y derogada en 1991 por Carlos Menem, dos legisladores oficialistas presentaron sus propuestas en el Congreso de la Nación.

La senadora por Río Negro Silvina García Larraburu propone en el expediente registrado en la cámara alta bajo en  número 4246-S-2013 crear una nueva Junta Nacional de Granos con un triple objetivo: controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos; garantizar tanto la provisión interna como la estabilidad interna de sus precios independientemente de lo que ocurra en el mercado externo; y evitar los monocultivos.

Para ello, la rionegrina plantea fijar precios mínimos y cupos de exportación de granos. Además, el proyecto autoriza a la Junta a ejercer el comercio interno y externo cuando el Poder Ejecutivo lo disponga a fin de “intervenir en defensa de la producción o cuando la regulación del mercado lo hiciere necesario”.

“El objetivo es que no se perjudique a los trabajadores y consumidores, así como desmonopolizar el mercado de granos”, ya que “actualmente son las grandes cerealeras quienes retienen y controlan la producción y la liquidación de las exportaciones”, sostuvo la senadora en los fundamentos del texto.

Por su parte, en la cámara de enfrente, la diputada bonaerense Adriana Puiggrós presentó una iniciativa que crea el Instituto Argentino para la Promoción Granaria (IAPG), cuyo principal designio también es disciplinar el comercio de granos y derivados.

El Instituto que pretende crear la oficialista a través del número de expediente 0190-D-2014 regularía la compraventa —interna y de exportación— de “la totalidad de los cereales y oleaginosos, sus insumos, productos y subproductos”.

En sus fundamentos, la autora afirma que con la creación del IAPG se busca garantizar “el normal abastecimiento interno de alimentos”, además de establecer políticas a largo plazo para el sector cerealero.

Puiggros explica en el proyecto que la falta de un órgano que regule la cadena de producción de granos “trajo como consecuencia la transferencia de las capacidades regulatorias a las grandes trasnacionales cerealeras”. En tanto, la diputada completa su argumento indicando que el ejercicio del libre mercado en la producción de granos se tradujo en “el predominio de unos pocos traders trasnacionales, como ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos o Nidera”.

En este marco, el proyecto entiende que la política de exportación implementada por el gobierno nacional ha sido una herramienta para diferenciar el precio interno del alimento de los valores internacionales, algo contra lo que los productores agropecuarios han venido protestando. Así, el IAPG tendrá como propósito la intervención del conjunto de la producción alimenticia, con el fin de mantener los precios internos.

Ambos proyectos, finalmente, incorporan un marco sancionatorio para quien incumpla con sus disposiciones que van desde un apercibimiento hasta la clausura de establecimientos. Habrá que ver entonces si se mantiene el status quo actual y se avanza con cambios de fondo.