Luego de la presentación del informe sobre Papel Prensa, con el cual el Gobierno Nacional intenta demostrar que la transferencia de las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, se hizo bajo la presión del gobierno de facto de 1976 a los herederos de David Graiver, la presidenta Cristina Fernández instruyó al Procurador General del Tesoro de la Nación y a la Secretaría de Derechos Humanos a presentar una denuncia penal ante los fueros correspondientes para que se investigue si la venta de papel prensa se encuentra vinculada con delitos de Lesa Humanidad.
Si bien la denuncia penal anunciada ayer por el Gobierno se preveía, la novedad se produjo ante el anuncio de parte de la primera mandataria de enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de la pasta de celulosa.
“Ese proyecto de ley también encomendará al Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico producido monopólicamente, por una sola empresa, con premisas fundamentales como tratamiento igualitario parra todos los diarios en precio, condiciones y cantidades”, sostuvo la mandataria, agregando a ello que también contempla “una política de mayor inversión en la que el Estado va a participar para que no tenga que importarse papel para la prensa y todo sea producción nacional”.
En dicha iniciativa, el Ejecutivo le solicitará al Congreso que instruya al Gobierno a crear un marco regulatorio, a la vez que la iniciativa impulsa la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento, no sólo para el control de ese reglamento, sino y sobre todo para la gestión de Papel Prensa, por medio de un mecanismo que les permita a los legisladores que hagan parte de esa instancia, asistir como observadores a las reuniones del directorio de la firma.
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