A través del decreto 1210, el Gobierno nacional formalizó la denuncia judicial para que se investigue si hubo irregularidades en la venta de las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón durante la última dictadura militar.
El decreto que sólo cuenta con tres artículos, le ordena al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde que “ponga a disposición del Poder Judicial” el informe “Papel Prensa: La Verdad” y “para que intervenga como parte querellante en las causas que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma”.
Por otro lado, el decreto instruye al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, que “intervenga en las causas relacionadas con Papel Prensa relativas a prácticas desleales, actividades monopólicas, abuso de posición dominante, perjuicios al Estado nacional en su carácter de socio y a los restantes accionistas y a los adquirentes en Bolsa, así como en todas aquellas que pudieran surgir de las investigaciones que se realicen, efectuando las denuncias, reclamos y querellas que correspondan”.
El decreto publicado el pasado martes en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Justicia, Julio Alak, sostiene que “el informe «Papel Prensa: La verdad» consideró demostrado que la compraventa de acciones se ha tratado en realidad de un acto ilícito con la presunta forma de un contrato, obtenido a través del uso irresistible de la violencia ejercida por el aparato del Estado en su forma de terrorismo de Estado”.
A ello, el texto agrega que “respecto de las transferencias de acciones llevadas adelante en su oportunidad, se ha probado palmariamente que no se trató de un negocio jurídico, pues el mismo requiere la expresión libre de la voluntad, la existencia de cosa cierta y determinada y no debe efectuarse a precio vil. Todo ello, teniendo en mira un mismo propósito: asegurar para la Junta Militar entonces gobernante la impunidad informativa y, para los tres mencionados diarios, la propiedad de las acciones de Papel Prensa”.
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