El allanamiento de una mansión en Nordelta y su embargo, al igual que el de una Ferrari 658 Italia, valuada en centenares de miles de Dólares, y la constatación de la existencia de autos clásicos de colección de Alejandro Muszak, fundador y CEO de WENANCE[1] , la “Fintech”[2] denunciada por miles y miles de inversores cuyos ahorros, al menos por ahora, parecen haberse “evaporado” , hizo tomar estado público a un escándalo que ya era un “secreto a voces” en los ambientes financieros y entre los operadores económicos y jurídicos.

Esta nueva debacle financiera, conocida muy poco tiempo después de producirse la condena penal de Blacksley Señorans y el derrumbe de HOPE FUND y VERAZUL, y su secuela de numerosísimos estafados, en un marco en el cual – tal como ocurriera con ADHEMAR CAPITAL- cuyo numen, como sucediera en WENANCE, contaba con una flota de vehículos de altísima gama (Ferraris, Mercedes Benz “alas de gaviota”,etc.etc) para dar muestra de “solvencia” (?), estaría afectando a otro target del mercado y de la población.

En efecto, según informaciones muy recientes, la prohibición de salir del país que alcanza a MUSZAK y a varios de sus adláteres decretada por el Juez Penal Baños a instancias de la Fiscal Mónica Cuñaro, y que ya motivó el despido de 200 empleados de WENANCE, y el abandono de las oficinas de la lujosa torre cordobesa “Capitalinas” en la que la Fintech operaba el fondo BIG CAPITAL, viene a sumarse al reclamo de U$S 13.000.000 que le reclaman 350 inversores de la R.O.U[3], y a las denuncias monumentales efectuadas ante el Juzgado de Instrucción Nº3 de Ushuaia, amén de reclamos inminentes en el Reino de España, en donde también operaba.

En los hechos, y a la inversa de lo que ocurriera con el HOPE FUND, WENANCE prestaba servicios financieros a sectores no bancarizados o sub bancarizados; esto es, a empleados y profesionales de clase media y media baja que, al no calificar para inversiones de envergadura, se veían tentados por una Fintech que ofrecía un interés mensual del 4,5% o 5% sobre dólares(¡), lo cual resultaba una melodía muy agradable en un País carente de buenos negocios y  de seguridad jurídica.

Si de hacer historia se trata, tanto WENANCE como su CEO  (MUSZAK) ya contaban con un historial reconocido con anterioridad al derrumbe, habían adquirido Fondos como el FENIX y hacía tiempo que tenían “pretensiones de Banco”[4] , y su propio titular había denunciado hace cinco años tener 200.000 clientes, de los cuales 80.000 eran calificados de “activos” por él.

Ante esta verdadera debacle, como la hemos calificado, en la que ya hay centenares de empleados de WENANCE sin cobrar sus sueldos ni sus indemnizaciones, dos embargos de Fondos damnificados por $ 500.000.000 cada uno, causas penales y -como no podía ser de otro modo- varios “Fideicomisos” utilizados como “vehículo” (?) para canalizar los ahorros de los damnificados pero que, en toda hipótesis, habrán de operar como “pantalla” del desastre – para utilizar la semántica feliz de Lisoprawski- del desastre, la pregunta que hoy merodea tanto la City como el resto del país es:

¿Se podrá cobrar algo?;

¿Los infaustos inversores podrán recuperar sus dineros?

¿Y el personal?;¿Qué ocurrirá con sus sueldos e indemnizaciones?

Como suele decir mi amigo Julio Cesar Rivera: “¡Ahora viene la de tiros!”.

Empecemos por el final:

Para comenzar, es de toda evidencia que la plantilla de ex empleados damnificados podrá demandar solidariamente no sólo a todas las Empresas del Grupo WENANCE- MUSACK, sino también a las personas humanas que las operaron, si se logra su encuadramiento en la tipología del Art.31 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)[5].

Es que, como se recordará, originado en el Artículo 2, párrafo segundo de la “Consolidaçao das Leis do Trabalho” de la República Federativa de Brasil, el legislador laboral no da importancia a la personalidad jurídica de los sujetos colectivos involucrados, permitiendo considerar como un solo y único empleador a todas las personas ideales y/o humanas integrantes del Grupo[6].

¿Cuál sería el “disparador” que permitiría por ejemplo a los dos centenares de empleados despedidos reclamar solidariamente a WENANCE, MUSZACK, los Fondos conexos y hasta a los Fideicomisos la solidaridad frente a sus créditos insatisfechos?

Pues, lo que Sergio Le Pera ha denominado “the great hour”, consistente en la acreditación de la existencia en el seno del Conglomerado Empresario de “maniobras fraudulentas” o “conducción temeraria”[7].

Y para continuar:

¿En qué situación se encuentran los ahorristas e inversores damnificados a los que no les restituyen sus dineros?

En este caso existen varios caminos, amén de las ya tradicionales acciones penales por estafa, si es que se tipificara dicho ilícito en cuestión.

Como se sabe, WENANCE y sus operadores habrían intentado concursarse sin éxito ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº9 a cargo de la Doctora Graciela Paladin, en el Departamento Judicial de San Isidro.

Técnicamente, y si bien por tratarse de una Empresa Digital no se hallaba sometida a los mismos controles que las Entidades Financieras, que deben ajustar su conducta al Poder de Policía del Banco Central de La República Argentina pareciera que, al haber intervenido en la intermediación marginal de recursos financieros en violación a la Ley 21.526, actuando como “Banca di Fatto”( Banca de Hecho), la ilicitud de la operatoria – qué, obviamente, veda el acceso a la vía saneatoria  concursal – opera como factor de elongación de la responsabilidad [8].

Así, los titulares de acreencias insatisfechas contra WENANCE verían crecer el amplio espectro de sus responsables por el reembolso que hasta ahora les es negado, lo que podría lograrse en el ámbito de dos marcos distintos.

El primero; esto es, si rechazado definitivamente su concursamiento WENANCE quiebra, podrían accionar contra sus Administradores Infieles, sus Socios Controlantes y Empresas Conexas, tanto mediante las acciones de “extensión de quiebra” (Art.161, Ley 24.522)[9], como de “extensión de responsabilidad” (Art.173, LCQ)[10], puesto que siempre podría acreditarse la incurrencia en “dolo” de sus operadores, ante la “manifiesta indiferencia por los intereses ajenos” (Art.1724, CCyCN) de los mismos.

El segundo: es que, pese a que lo que brinda la figura del fideicomiso es lo que Richard denomina “estanqueidad patrimonial”[11], los Tribunales no han dudado en aplicar los bienes fideicomitidos ilícitamente para responder por los pasivos concursales y/o laborales cuando se acredita la utilización fraudulenta [12] del instituto, ratificando así la postura de la Alzada tucumana en el sentido de que sea que “……el contrato de fideicomiso de lugar a una “persona jurídica” en tanto centro diferenciado de imputación (Spota)”,lo cual no ocurre en nuestro régimen jurídico, “…..o, en el peor de los casos, a un “patrimonio especial”, siempre vinculado a personas – fiduciante, fiduciario – que otorgará los beneficios de la limitación de responsabilidad” ello, será solo o “….en la medida en que no se haya hecho uso abusivo de la figura (Art.1071, Cod.Civ; Art 10 CCyCN)” [13].-

De ser así, deberán responder por “las pillerías” el Fiduciante, el Fiduciario y “los Developers”(?) o, como quiera que se llamen, todos  los fulleros que pergeñaron el timo.