A través del Decreto 1228/2026, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó al 1 de diciembre de 2026 la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fecha con la que se agota el plazo máximo de seis meses de prórroga que el art. 77 de la Ley 27.802 autorizó a disponer por vía reglamentaria. Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adecuó su reglamentación operativa al nuevo cronograma mediante la Resolución General 5915/2026.

En este artículo repasamos brevemente los aspectos centrales del régimen que deben tener en cuenta los empleadores y nos detenemos en una cuestión que la ley no resuelve y que, a nuestro criterio, merece especial atención: qué ocurre con los fondos acumulados en la cuenta cuando el empleador se presenta en concurso preventivo.

I. El régimen en síntesis

El Título II de la Ley 27.802 (arts. 58 a 77) crea el FAL, destinado exclusivamente a facilitar el cumplimiento de determinadas obligaciones indemnizatorias a cargo de los empleadores del sector privado. Cada empleador debe conformar una cuenta individual, de carácter común y no individualizable por trabajador, que constituye un patrimonio separado, de afectación específica, inajenable e inembargable (arts. 59, 62 y 74). Los fondos pertenecen al empleador; el trabajador es el destinatario de las transferencias, pero no adquiere derecho alguno sobre la cuenta, y las entidades administradoras permanecen como terceros ajenos a la relación laboral (art. 68).

El régimen no modifica, sustituye ni altera el sistema indemnizatorio, ni exime al empleador de responder por el pago íntegro: el fondo coadyuva a su cumplimiento hasta el límite del saldo disponible, y el empleador responde por la diferencia (arts. 58 y 64). Ante cada extinción, además, puede optar por aplicar total o parcialmente los fondos de la cuenta, o por no utilizarlos y mantenerlos en ella (art. 64, último párrafo).

La cobertura alcanza a los trabajadores del sector privado registrados con una antelación no menor a doce meses respecto de la fecha de la extinción, con exclusión de los comprendidos en las Leyes 22.250 (industria de la construcción) y 26.844 (personal de casas particulares) (art. 58; Decreto 408/2026, art. 2). Comprende las indemnizaciones por extinción del contrato a plazo fijo, incapacidad definitiva, inhabilitación y fallecimiento del trabajador, omisión de preaviso e integración del mes de despido, despido sin justa causa, despido indirecto, fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, la extinción por voluntad concurrente de las partes y las previstas en los estatutos profesionales, incluido el Régimen de Trabajo Agrario. No brinda cobertura respecto de trabajadores no registrados y, en caso de registración deficiente, se limita a los conceptos que surgen de los datos registrados (art. 64; Decreto 408/2026, art. 13).

El Fondo se integra con una contribución mensual del 1 % para las grandes empresas y del 2,5 % para las micro, pequeñas y medianas empresas, calculada sobre las remuneraciones que sirven de base a las contribuciones patronales al SIPA (art. 60). Como regla, no representa un costo adicional: se compensa con una reducción equivalente de las contribuciones patronales con destino al SIPA, al INSSJP, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares (art. 76; Decreto 408/2026, art. 24; RG ARCA 5907/2026, art. 8).

II. Administración, implementación y acceso a los fondos

La administración e inversión de los fondos está a cargo de entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de fondos comunes de inversión abiertos o fideicomisos financieros. El empleador elige la entidad, que no puede estar vinculada a él (arts. 62 y 75), pero no decide en qué activos se invierte. Las inversiones se limitan a instrumentos de renta fija pagaderos en pesos, con un mínimo del 10 % en activos de alta liquidez (Resolución ME 1276/2026), y la comisión de administración no puede superar el 1 % anual.

En el plano operativo, el empleador debe declarar en ARCA su condición de empleador del sector privado, elegir la entidad y registrar el ID FAL en el servicio Simplificación Registral, e ingresar el aporte junto con las contribuciones de la seguridad social, mediante el formulario F.931 (versión 48) y VEP. Si no informa el ID FAL, la CNV le asigna uno de oficio.

Los fondos no pueden utilizarse desde el primer aporte. El Decreto 1228/2026 elevó el período de carencia de seis a doce períodos mensuales completos y consecutivos, computados desde el mes en que ARCA registra la efectiva integración de la primera contribución (Ley 27.802, art. 65; Decreto 408/2026, art. 15). Cumplido ese plazo, ante una extinción comprendida en el régimen, el empleador presenta una declaración jurada ante la entidad, que transfiere el importe a la cuenta del trabajador dentro de los cinco días hábiles (art. 69).

En materia tributaria, las contribuciones y sus rendimientos están exentos del Impuesto a las Ganancias, los conceptos vinculados al FAL no están gravados por el IVA, con excepción de la comisión de la entidad administradora, y los importes abonados a través del régimen reciben el tratamiento de las indemnizaciones que sustituyen (art. 67).

III. Interrogantes abiertos: el riesgo financiero y el concurso preventivo del empleador

El FAL introduce una dimensión que excede el ámbito estrictamente laboral: su funcionamiento supone la intervención de entidades del mercado de capitales en la administración de fondos destinados al pago de indemnizaciones. Ello plantea, a nuestro criterio, dos órdenes de interrogantes que la norma no resuelve: la distribución del riesgo asociado a la administración financiera de los fondos y la situación de la cuenta ante el concurso preventivo del empleador.

a) La distribución del riesgo financiero

Si bien el empleador es titular de los fondos, no los administra ni decide su inversión. La ley resuelve qué ocurre si, al momento de afrontar una indemnización, el saldo de la cuenta resulta insuficiente: el empleador debe abonar la diferencia con recursos propios (art. 64). Lo que la norma no resuelve es cómo se distribuye ese costo cuando la insuficiencia obedece a la gestión de la entidad administradora, ni qué vías de recupero tiene el empleador frente a ella.

La cuestión adquiere mayor relevancia si se considera que la ley excluye expresamente la responsabilidad de ARCA, que actúa como mero agente de derivación, así como la del Estado nacional, por la falta de pago, disponibilidad o insuficiencia de la cuenta (art. 60), y que las entidades administradoras no son sujetos obligados frente al trabajador (art. 68). En consecuencia, el riesgo de la administración financiera recae, en última instancia, sobre el empleador. La separación patrimonial y la supervisión de la CNV constituyen garantías relevantes, pero no eliminan, por sí solas, la necesidad de precisar qué vías de tutela tiene el empleador si el saldo de la cuenta no puede aplicarse al destino previsto.

b) El FAL frente al concurso preventivo del empleador

El interrogante que, a nuestro criterio, presenta mayor relevancia práctica se vincula con el concurso preventivo del empleador. El art. 72 de la Ley 27.802 regula la suerte de la cuenta en caso de cese, disolución, liquidación o quiebra, y dispone su extinción y la transferencia del remanente al empleador, salvo disposición en contrario del juez de la quiebra. Sin embargo, la ley guarda silencio respecto del concurso preventivo, supuesto en el que la cuenta no se extingue y el concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico (art. 15, Ley 24.522).

El punto de partida del análisis es que los fondos del FAL pertenecen al empleador (art. 62). Integran, por lo tanto, su patrimonio, aunque como un patrimonio separado, de afectación específica, inajenable e inembargable (arts. 59 y 74). Esta doble condición, la de fondos propios del concursado que, al mismo tiempo, se encuentran sustraídos de su libre disposición y de la agresión de sus acreedores, es la que genera la tensión con el régimen concursal, construido sobre el principio de que el patrimonio del deudor es la garantía común de sus acreedores.

En primer lugar, no está claro cuál es el alcance de la vigilancia que el síndico debe ejercer sobre la cuenta. A diferencia del resto del patrimonio del concursado, los fondos no son administrados por este, sino por la entidad habilitada por la CNV, un tercero ajeno al proceso. Cabe preguntarse, entonces, si el síndico puede requerir información directamente a la entidad administradora sobre el saldo, las inversiones y los movimientos de la cuenta; si dicho saldo debe incluirse en el informe mensual sobre la evolución de la empresa y la existencia de fondos líquidos disponibles (art. 14, inc. 12, Ley 24.522) y en la composición del activo del informe general (art. 39, Ley 24.522); y, en su caso, con qué valor y con qué salvedades, considerando que esos fondos no pueden destinarse a satisfacer a los acreedores en general.

En segundo lugar, la facultad de opción que el art. 64 reconoce al empleador adquiere, en el contexto concursal, una dimensión distinta. Fuera del concurso, decidir si una indemnización se paga con fondos del FAL o con recursos propios es una decisión de gestión empresarial. Dentro del concurso, en cambio, esa elección incide directamente sobre el activo disponible para el conjunto de los acreedores: pagar con recursos propios preserva el saldo de la cuenta, que les resulta inaccesible, y reduce el patrimonio que respalda la propuesta de acuerdo. Resta determinar si esa decisión queda librada al concursado como acto de administración ordinaria, si el síndico puede observarla o si requiere autorización judicial en los términos del art. 16 de la Ley 24.522.

En tercer lugar, la aplicación de los fondos debe distinguirse según la causa del crédito. Respecto de las indemnizaciones de causa o título anterior a la presentación, su cancelación fuera del proceso podría constituir un acto que altera la situación de los acreedores por causa anterior, vedado por el art. 16 de la Ley 24.522, salvo que se canalice a través del pronto pago laboral. En ese caso, debería definirse si los fondos del FAL pueden aplicarse a los pagos que autorice el juez del concurso y si lo hacen en forma complementaria o sustitutiva de la afectación de ingresos que la ley concursal prevé para atender el pronto pago. Las indemnizaciones derivadas de extinciones posteriores a la presentación, en cambio, no se encuentran sujetas al concurso, por lo que su pago con fondos del FAL no parecería presentar el mismo reparo, aunque continuaría alcanzado por la vigilancia del síndico.

Por último, si el concurso preventivo deriva en quiebra, el art. 72 dispone la transferencia del remanente a una cuenta del empleador. Sin embargo, desde la declaración de quiebra el fallido queda desapoderado de sus bienes (art. 107, Ley 24.522), por lo que esos fondos pasarían a integrar la masa activa. La ley no aclara si, en ese caso, el remanente conserva algún grado de afectación a los créditos laborales o si queda disponible para el conjunto de los acreedores según el orden de privilegios. La salvedad que el art. 72 reserva al juez de la quiebra parece habilitar una solución caso por caso, sin pautas legales que la orienten.

IV. Conclusiones

La entrada en vigencia del FAL exige que las empresas comiencen a preparar su implementación, en particular en lo relativo a la elección de la entidad administradora y la registración del ID FAL, teniendo en cuenta que la cobertura no será inmediata.

Más allá de su operatoria, el régimen deja abiertos interrogantes relevantes. La ausencia de una previsión expresa sobre el concurso preventivo deja libradas a la interpretación judicial cuestiones centrales, como el alcance de la vigilancia del síndico, la disponibilidad de los fondos y su relación con los créditos laborales concursales. Para los empleadores que atraviesen una situación de crisis, ello supone incertidumbre sobre la disponibilidad real de los fondos acumulados, precisamente en el escenario en el que más podrían necesitarlos. El principal desafío del régimen será, entonces, compatibilizar la administración financiera de los aportes con la protección de los fondos destinados a las indemnizaciones, incluso en contextos de insolvencia del empleador, sin afectar la efectiva satisfacción de los créditos de los trabajadores.