Con el fin de evitar sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, en el día de ayer, el Senado convirtió en ley el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados que tipifica el delito de lavado de dinero.
La normativa establece las penas de 3 a 10 años de prisión por blanquear activos, con multas de 2 a 10 veces el monto de la operación delictiva, los que serán incrementados en caso de reincidencia o si el autor es funcionario público en ejercicio de su cargo.
A su vez, la ley dispone que la Justicia podrá sancionar con multas o suspensiones a las personas jurídicas involucradas en el delito de lavado o en el de financiamiento del terrorismo, mientras que los sujetos obligados de reportar acciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) tendrán 150 días corridos para hacerlo, aunque los indicios de financiación del terrorismo el aviso deberá producirse dentro de las 48 horas.
También fueron incluidos entre las personas obligadas a informar a la UIF las entidades que reciben donaciones, financieras, de seguros, contadores que ejerzan el rol de auditores y síndicos, entre otros.
Cabe remarcar que ante la cercanía de la próxima reunión del GAFI, y con la intención de no demorar la sanción de la norma, el Senado aprobó luego de la votación del proyecto, una ley correctiva que modificaba y ampliaba la normativa recientemente aprobada, la que deberá pasar a Diputados.
Dicha normativa establece que los escribanos públicos y los profesionales en ciencias económicas deberán informar a la UIF en aquellos casos en que realicen una compraventa de inmuebles, administración de activos del cliente o cuentas bancarias y organización de aportes para el desarrollo de compañías.
A su vez, la ley correctiva establece que el incumplimiento de la norma será sancionado con una multa que irá del 20 por ciento a 5 veces el valor de aquello que no se informó, siempre que ello no configure un delito más grave.
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