La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una acción de amparo presentada por una cliente de la empresa Fibertel con el fin de que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, por medio de la cual se dispuso la caducidad de la licencia de la compañía para la prestación de servicios de internet.
En la causa “Rizzi Laura María c/ E.N. – SC Resol 100/10 s/ amparo Ley 16.986”, la accionante argumentó que la mencionada resolución atenta contra su derecho de propiedad por impedir utilizar sus recursos del modo que considera más eficiente para facilitar su derecho a trabajar, ya que alegó la necesidad del servicio a raíz de su actividad profesional.
A su vez, la actora consideró que la resolución impugnada resultaba abusiva, debido a que la misma no responde a un fin jurídico y viola su derecho a contratar libremente, mientras que sostuvo que ninguna autoridad podía obligarla a migrar de la prestadora del servicio.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Ailán, rechazó la acción de amparo presentada, al considerar que para su procedencia no sólo es necesario que concurra un supuesto de arbitrariedad e ilegalidad, sino que también debe resultar manifiesta, lo que no ocurre en el presente caso, ya que “se cuestiona el dictado de la Resolución N° 100 de fecha 19 de agosto de 2010 por la Secretaría de Comunicaciones y se la califica de inconstitucional, por considerar que la misma obliga a la accionante a emigrar del servicio de transmisión de datos que venía prestando la empresa Fibertel SA”.
Al rechazar la acción presentada, la magistrada sostuvo que “esta circunstancia denota por parte de la actora una interpretación diferente respecto de las facultades reglamentarias que, en principio, ostenta el PEN, vinculadas a la prestación de un servicio público, cuyo análisis notoriamente excede el restringido marco de conocimiento de la vía adjetiva elegida por la actora para su cuestionamiento”.
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